Ambientalistas invitan a estudiar el contenido de la Ley de Agua

El ambientalista Olmedo León, encargado de Educación Ambiental de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci),y la bióloga Yvonne Arias, llaman a la población a mantenerse alerta ante la denuncia de ambientalistas que han expresado preocupación sobre la intención de privatizar el agua que estaría contemplada en el proyecto de Ley de Agua que el presidente Luis Abinader anunció iba a ser sometido al Congreso Nacional el pasado 27 de febrero.

Ambos invitan a la sociedad a estudiar a profundidad el contenido de la propuesta para evitar que ocurra como en otros países que permitieron la privatización del recurso hídrico y “ahora están llorando lágrimas de sangre”. “Cuando se hace una ley es porque existe la necesidad de regular algo. Entonces, para hacer la ley tuvieron que haberse dado cuenta que el agua es un recurso estratégico, de propiedad colectiva y difuso, que es al Estado al que le toca regular, y que, al Estado no regularlo, está violando la Constitución y muchas otras leyes. Por lo tanto, vamos a hacer una ley que resuelva lo de las cuencas hidrográficas, que preserve las áreas protegidas, que tome en cuenta la ganadería, los incendios… y que sea una ley que tome en cuenta el tema del cambio climático. El agua depende mayormente de las áreas protegidas”, expresa la directora ejecutiva del Grupo Jaragua.

Un derecho León, invitado al Encuentro Verde del Listín Diario, exhorta al pueblo a tomar cuenta que el agua es un derecho internacional y constitucional y que “cuando se convierta en mercancía nos estarán negando ese derecho y quien no pueda pagarla no la va a poder tener”. Ayer, a propósito del Día Mundial del Agua, la Soeci publicó un comunicado en el que reconoce la importancia y la necesidad del proyecto de Ley de Agua, señalando que está de acuerdo en la mayoría de su contenido, objetivos y propósito. “Sin embargo, necesitamos un mayor consenso, puesto que, al adentrarnos al espíritu del proyecto de Ley, observamos visos que ocultan la privatización con términos como: concesión y derecho real administrativo que enajenan el bien común y niegan el derecho al que no pueda comprarlo”, observó la organización sin fines de lucro fundada en 1976.