Prioridades ambientales: ¿qué le piden los ecologistas al próximo gobierno?

Son cinco las prioridades que el sector ambiental dominicano considera debe asumir el próximo gobierno en sus primeros días al frente de la nación.

La petición de la Coalición para la defensa de áreas protegidas de República Dominicana (Codapro) aborda aspectos como impunidad cero en asuntos ambientales, detener el deterioro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y priorizar la atención en la captación de agua. Al hacer públicas sus propuestas, algunos miembros de la entidad que agrupa a varias instituciones y ambientalistas explican a Listín Diario que estas acciones no pueden esperar más, pues de ellas depende detener el colapso de nuestros recursos naturales.

2. REVOCACIÓN DE LAS DECISIONES ILEGALES

El grupo de instituciones y ambientalistas pide “anular todas las autorizaciones, permisos y licencias ambientales otorgadas en violación de la Constitución, las leyes y normas ambientales vigentes y someter ante los tribunales a los funcionarios que prevaricaron, abusaron de su poder, excedieron los límites de sus funciones y/o ignoraron protocolos y procedimientos administrativos establecidos”.

3. DETENER EL DETERIORO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)

Las primeras solicitudes es este renglón son reincorporar de inmediato al Sinap el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo y eliminar la agricultura intensiva y extensiva, así como la ganadería, en los Parques Nacionales de Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco y Los Haitises. Igualmente, enfrentar el conuquismo y tala irregular de árboles en al menos una docena de otras áreas protegidas, entre ellas el salto del Limón, Nalga de Maco, Alto Mao y la Furnia de Gurabo. También consideran importante el cese inmediato de la destrucción de la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier, someter ante los tribunales a quienes promueven o ejecutan invasión y ocupaciones de otras áreas (entre ellas las Dunas de Baní) y la eliminación inmediata de permisos irregulares para proyectos turísticos en el Parque Nacional Cotubanamá, Boca de Yásica y Pico Diego de Ocampo, entre otros. La bióloga Yvonne Arias, directora ejecutiva del Grupo Jaragua, considera que para detener el deterioro del Sinap el gobierno tiene que respetar la Constitución, aplicar la Ley General de Medio Ambiente y la Ley de Áreas Protegidas. “Tiene que anular los privilegios que ostentan personas que, amparadas en sus relaciones con el poder, practican actividades incompatibles con los objetivos y los criterios de las áreas protegidas. Es responsabilidad del gobierno someter a la justicia a los culpables de este descalabro que perjudica la salud del medio ambiente y atenta contra el bienestar humano”, dice Arias.

4. ATENCIÓN PRIORITARIA A LA CAPTACIÓN DE AGUA Y EL USO PERTINENTE DEL TERRITORIO Codapro exige a las autoridades que asumirán el gobierno nacional a partir del 16 de agosto atender el ordenamiento y la gestión del territorio en función de sus potencialidades reales dando prioridad al agua. Esto se haría “blindando las zonas de captación de agua para impedir la expansión de la megaminería hacia zonas de captación y distribución de agua”. También, en ese aspecto, eliminar las actividades que reducen su incorporación, flujo y función ecológica y social, así como la de su contaminación, aplicando de inmediato las leyes, normas y disposiciones que prohíben la extracción de agregados de ríos y acuíferos, así como los vertidos no tratados. Para Lissette Gil, especialista en turismo sostenible, “ya es obvio para todos los dominicanos que se secan nuestros ríos, arroyos y lagunas. Sufrimos largas sequías que afectan la producción de alimentos y la calidad de vida de los habitantes del país”. Por tanto, sugiere que las políticas de Estado deben considerar un desarrollo planificado del territorio basado fundamentalmente en los requerimientos de agua y el acceso a esta. “Estas políticas deben considerar la eliminación de industrias extractivas que afecten los acuíferos, nacientes de los ríos y zonas productoras de agua que, como la megaminería, ha demostrado globalmente generar altos impactos por los enormes consumos de agua pero también por la contaminación de las fuentes del preciado líquido, dejando a muchas comunidades bajo grave estrés hídrico”, opina la exdirectora ejecutiva del Consorcio Dominicano de Competitividad Turística (CDCT). “El nuevo gobierno debe asumir una posición firme, férrea, seria, técnica en la conservación, preservación de las zonas productoras de agua, de las cuencas hídricas, para que nuestro país pueda realmente hablar de un futuro que está ahora en nuestras manos”, expresa.

Urge rescatar la institucionalidad perdida de esta entidad pública, apunta la Coalición. Sus miembros aseguran que el Ministerio de Medio Ambiente “está hoy caracterizado por el descuido, la falta de seguimiento y la apatía por asumir las responsabilidades en la más alta dirección, lo que ha provocado la desarticulación y anulación operativa de sus instancias técnicas, la toma de decisiones al margen de los mecanismos y procedimientos de evaluación y la cancelación de técnicos por opinar en función de sus levantamientos, conocimientos y experiencia”. Por ello, señalan que es preciso proteger a su cuerpo técnico y recuperar a aquellos que han sido separados por defender la integridad y patrimonialidad de los recursos naturales y servicios ambientales.

De acuerdo con el ambientalista, biólogo e investigador Luis Carvajal, esta institución pública se ha degradado, contaminado, erosionado y envilecido.

“Se ha contaminado de corrupción y burocracia enfermiza porque permisos, autorizaciones y licencias se otorgan al margen de procedimientos y normas a proyectos ambientalmente impertinentes, se permite y estimula la violación a las leyes, normas, ordenanzas y resoluciones por relaciones primarias, clientelismo político o complicidad comercial”, dice el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Agrega que muchos técnicos han sido separados o han preferido abandonar el espacio laboral enrarecido, se han abandonado o deformado importantes proyectos e iniciativas y se han roto relaciones con instituciones científicas, entidades técnicas y organizaciones sociales vinculadas al estudio, conservación y/o uso sostenible de recursos naturales, la educación ambiental y la animación comunitaria.

“Se ha envilecido porque al desnaturalizar sus funciones, todo lo relacionado con el Ministerio Ambiente, lejos de crear satisfacción y orgullo es motivo de mancilla y deshonra y es percibido con incredulidad, desconfianza y recelo por parte de la población que percibe a la institución como una gran amenaza y no como la instancia para solucionar los problemas ambientales”. Afirma que, sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con un personal calificado, honesto, responsable, dispuesto y amante de la naturaleza que merece mejor trato y que debe ser motor principal en la recuperación institucional. “Se requiere también recuperar a los técnicos y especialistas que fueron expulsados o que abandonaron voluntariamente sus puestos, bajo el acoso y las amenazas. Urge rescatar la institucionalidad, las funciones y el personal técnico del Ministerio Ambiente para garantizar el rescate de nuestra naturaleza agredida, degradada, contaminada e ilegalmente apropiada”.

DEFENDER Y VELAR POR LOS RECURSOS NATURALES

“Es una decisión del sector ambiental de la República Dominicana la nucleación de todos los sectores de la nación para velar por la protección y seguimiento al respeto de nuestras áreas protegidas y parques nacionales”, sostiene el abogado ambientalista Nelson Pimentel. De esta manera, explica, se ha decidido fortalecer los trabajos de educación, prevención y defensa ambiental que está potenciando el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Insaproma). “Constituye un reto y un compromiso romper con la impunidad en la violación de las normativas ambientales nacionales y supranacionales. En ese sentido, cursan varias querellas en distintos tribunales que involucran directamente al ministro de Ambiente, Ángel Estévez”. Pimentel comenta que la decisión es cero impunidad y la recuperación de áreas protegidas como la sierra de Bahoruco, el monumento natural Pico Diego de Ocampo, el Parque Nacional del Este, la Boca de Yásica y la bahía de Luperón, entre otras.

VIGILANCIA Y COMPROMISO FIRME

Eladia Gesto, coordinadora de Proyectos de Conservación de la Fundación Propagás, propone el rescate de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) con impunidad cero ante la violación de las leyes ambientales que las protegen. “No más permisividad y cero agricultura en nuestras áreas protegidas junto a la provisión de condiciones dignas de trabajo al personal de guardaparques y equipo en campo que garanticen la vigilancia así como también la reactivación de los espacios de trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en nuestras áreas protegidas tales como el comanejo. De igual manera, una gestión de la autoridad ambiental que realice un compromiso firme, real y tangible hacia acciones que respondan a los retos planteados en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS Planeta) en los temas de cambio climático, agua y ecosistemas terrestres y marinos y la producción y consumo sostenible”, expresa Gesto.