VIDA VERDE
Regulación de los residuos eléctricos y electrónicos
La normativa regulará el uso de los residuos electrónicos en las instancias gubernamentales. ISTOCK
Esta semana fue lanzada la Norma Para la Gestión de los Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el Estado dominicano. De su aplicación y regulación se encargará la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC).
Categorizada como NORTIC A8, su objetivo es dictar los parámetros para la compra, uso y disposición final de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) a través de políticas regulatorias para mitigar sus efectos nocivos al medio ambiente, se explicó durante el lanzamiento.
El director general de OPTIC, Armando García, dijo que el cumplimiento de los estándares exigidos en la nueva norma será obligatorio para toda la administración pública y resaltó que se trata del primer paso hacia un cambio de cultura y paradigmas relacionado al manejo de residuos en el Estado.
Las instituciones tendrán hasta enero de 2020 para programar estrategias de compras sostenibles.
Se informó que en esta primera etapa del proceso, Contrataciones Públicas tendrá el rol de racionalizar las compras de los aparatos eléctricos y electrónicos del Estado, esperando que un porcentaje de las adquisiciones correspondan a equipos que puedan cumplir con el objetivo final “protección del ambiente”.
En una segunda etapa, la Dirección General de Bienes Nacionales trabajará junto a las instituciones para realizar el descargo de los AEE, que luego se pondrán en subasta pública por lotes a empresas o gestores debidamente registrados y que cuenten con licencia ambiental.
La regulación de los residuos electrónicos en las instituciones gubernamentales impactará favorablemente en la preservación del medioambiente y en la concienciación de los servidores públicos sobre un adecuado destino final de estos desechos, consideró a su vez el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez.
El proyecto cuenta con el apoyo de ese ministerio, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Dirección General Bienes Nacionales y la Universidad del Caribe.