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Sentencian a un exalcalde de Puerto Rico a 5 años y 3 meses de prisión por corrupción
De acuerdo a las autoridades, Pérez Otero, de 53 años, participó en una conspiración de sobornos
Sentencia.
La Fiscalía federal en Puerto Rico informó este lunes de que la jueza federal Aida Delgado sentenció a Ángel Pérez Otero, exalcalde del municipio de Guaynabo, ubicado en el norte de la isla caribeña, a cinco años y tres meses de prisión por corrupción pública.
Los abogados de Pérez Otero, Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo, solicitaron a la magistrada que su cliente fuera condenado a no más de 23 meses de probatoria.
Sin embargo, Delgado sostuvo en su réplica a la solicitud de la defensa que "las pruebas presentadas al jurado fueron suficientes para condenar a Pérez Otero".
"Ustedes saben que ya se anunció el proceso de apelación y nuevamente al esto estar corriendo pues los abogados lo que me han dicho es que no admita nada", declaró Pérez Otero a la prensa al salir del Tribunal.
De acuerdo a las autoridades, Pérez Otero, de 53 años, participó en una conspiración de sobornos entre finales de 2019 hasta mayo de 2021, aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo de forma regular del propietario de una empresa de construcción.
El jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, detalló a finales de 2021 que Pérez Otero se reunía en secreto con una persona que le pagaba 5.000 dólares en efectivo mensuales en sobornos y "kickbacks", a cambio de mantener vigentes ciertos contratos con el municipio.
A cambio de esos pagos, Pérez Otero acordó obtener y retener contratos gubernamentales para la empresa y se aseguró de que las facturas de la empresa se pagaran rápidamente.
En marzo, un jurado federal condenó a Pérez Otero por conspiración, soborno en programas federales y extorsión.
Pérez Otero, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y que ocupaba el cargo de alcalde desde 2017, fue arrestado en 2021 en su hogar por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus sigla en inglés).
El fiscal Nicholas Cannon de la Sección de Integridad Pública (PIN, en inglés) de la División Penal y la fiscal federal adjunta Myriam Fernández-González del Distrito de Puerto Rico procesaron el caso.
El fiscal Ryan R. Crosswell de la PIN y el fiscal adjunto Scott H. Anderson del distrito de Puerto Rico colaboraron en la investigación.
La Fiscalía Federal contaba con varias piezas de evidencia que incluían llamadas telefónicas, grabaciones en vídeo de los pagos de soborno, mensajes de texto, contratos gubernamentales, facturas para pagos de contratos públicos, testimonio de testigos y cheques emitidos por el municipio de Guaynabo.
También había fotografías, en las que se ve al alcalde en un vehículo estacionado con otro individuo quien le entrega un sobre que presumiblemente tiene dinero en efectivo adentro.