Juegos centroamericanos y del caribe 

Ente internacional de prensa condena "restricciones" en el marco de juegos en El Salvador

La APES ha documentado al menos 611 casos de vulneraciones contra la prensa desde 2019

Bandera de El Salvador.

Bandera de El Salvador.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó este jueves las "restricciones" a comunicadores en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador.

"La Federación Internacional de Periodistas condena las intimidaciones a lxs comunicadorxs y se mantiene alerta ante potenciales restricciones a la prensa en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023", publicó en Twitter.

Esta publicación fue en respuesta a una alerta publicada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en la que denunció la retención "arbitraria" de un comunicador del medio local Diario El Mundo por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la denuncia recibida por el Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES, el periodistas portaba la credencial de su medio y las entregadas por el Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Relató que dos voluntarios de la organización de los juegos informaron a un agente que la prensa podía dar cobertura en el interior de la Universidad de El Salvador, que alberga a los atletas.

Sin embargo, el agente dijo, según consigna la APES, que "la PNC es la autoridad y la Presidencia de la República debía autorizar el ingreso de periodistas".

El comunicador fue expulsado del lugar y otros agentes lo sometieron a un registro y lo "obligaron" a desbloquear su teléfono móvil para revisarlo.

"La APES condena estas agresiones que buscan restringir el ejercicio periodístico e intimidar a la prensa", subrayó la organización.

La APES ha documentado al menos 611 casos de vulneraciones contra la prensa desde 2019, año en el que llegó al Ejecutivo el presidente Nayib Bukele.

La organización ha exigido que se detenga la "persecución" del gremio y que se reviertan las reformas legales que "criminalizan" su labor, además de condenar los ataques y espionaje con el software Pegasus.