El Supremo avala retirar el alambre de púas que Texas colocó en la frontera con México

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este lunes a favor del Gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en un tramo de la frontera con México para frenar a los migrantes.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el alto tribunal dio la razón a la Administración de Joe Biden, que denunció que la barrera impedía a los agentes de la Patrulla Fronteriza acceder al área y desempeñar sus funciones.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó la colocación del alambre de espinas en un tramo de la frontera en Eagle Pass como parte de su plan de reducir el cruce de migrantes en situación irregular.

Después de que agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran parte del alambre, el Gobierno de Texas demandó a la Administración federal alegando que causaron daños en una propiedad estatal.

Un juez federal dio primero la razón a la Administración de Biden, pero luego el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito se puso del lado de Texas, estableciendo que los agentes federales solo podían mover la barrera en caso de una emergencia médica.

El Tribunal Supremo revocó este lunes la decisión de la corte de apelaciones, con una mayoría muy ajustada.

Votaron a favor de la Administración de Biden, los jueces progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson; y los conservadores John Roberts y Amy Barrett.

Los magistrados conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se situaron del lado de Texas.

El gobernador texano ha emprendido una batalla política, mediática y judicial contra Biden por la gestión migratoria en la frontera.

Además de la colocación del alambre de púas, Abbott ha enviado decenas de buses con migrantes a Washington y a varias otras ciudades gobernadas por demócratas.

También instaló una polémica barrera de boyas en un tramo del río Bravo que separa la frontera entre Texas y México, e impulsó una ley para criminalizar a los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera, ambas medidas muy criticadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.