Un 90 % de los jóvenes chinos demanda acciones legales públicas contra el ciberacoso
El anonimato en línea se destacó como un desafío clave, con un 69,6 % de los encuestados señalando la dificultad de identificar a los acosadores
Casi el 90 % de los jóvenes chinos desea que se tomen acciones legales públicas contra el ciberacoso grave, según una encuesta realizada por el medio China Youth Daily.
El estudio, con una muestra de 1.000 jóvenes chinos nacidos entre 1980 y después de los años 2000, arrojó luz sobre los principales obstáculos identificados por los encuestados en la lucha contra el ciberacoso.
El anonimato en línea se destacó como un desafío clave, con un 69,6 % de los encuestados señalando la dificultad de identificar a los acosadores.
Además, un 64,2 % mencionó los altos costos de tiempo y dinero asociados con el proceso legal, mientras que un 55,3 % citó la dificultad para recopilar pruebas y un 52,7 % señaló las dificultades en la presentación de una denuncia y el proceso legal.
La encuesta reveló que el 88,1 % de los encuestados abogaban por una acusación pública en los casos más graves de ciberacoso, mientras que un 68,1 % esperaba que la policía brindara asistencia a las víctimas en la recopilación de pruebas.
Igualmente, un 66,1 % de los encuestados esperaba una supervisión mejorada para garantizar la presentación oportuna de casos.
La encuesta se llevó a cabo en respuesta a un borrador de directrices propuesto la semana pasada por las principales autoridades judiciales y policiales de China para combatir el ciberacoso, después de que una serie de muertes de alto perfil expusiera cómo las medidas regulatorias son inadecuadas para frenar los abusos.
Las propuestas del borrador, que incluyen soluciones dirigidas para abordar las dificultades en la presentación de casos, la recopilación de pruebas y la persecución pública, han sido consideradas acordes con las apelaciones y solicitudes de los participantes de la encuesta, según expertos consultados por el diario oficialista Global Times.
El borrador, que clasifica la ciberviolencia en diferentes comportamientos y propone castigos más severos para ciertos delitos, representa una interpretación judicial preliminar y se espera que se promulgue una futura ley formal contra la violencia en línea.