Toyota revela que su filial Daihatsu realizó pruebas de choque inadecuadas; suspende envíos de auto
El último problema, revelado el viernes por la noche, afecta a 56.111 vehículos híbridos Toyota Raize
El vehículo híbrido Toyota Raize producido por Daihatsu Motor Co. durante su presentación el 5 de noviembre de 2019, en Tokio.
Toyota descubrió que una de sus filiales realizó inadecuadamente pruebas de choque para un modelo de automóvil y suspendió los envíos de ese vehículo, en lo que constituye el problema embarazoso más reciente que afecta al principal fabricante automovilístico de Japón.
El último problema, revelado el viernes por la noche, afecta a 56.111 vehículos híbridos Toyota Raize producidos por Daihatsu Motor Co., un fabricante especializado en modelos pequeños que es propiedad total de Toyota.
También afecta a 22.329 vehículos vendidos como Daihatsu Rocky, según los fabricantes de automóviles. Todos los vehículos se vendieron en Japón.
En las pruebas de choque defectuosas, los resultados de un poste utilizado para medir el impacto en el lado izquierdo se usaron para el derecho, cuando debieron probarse ambos lados, precisó Daihatsu.
Hace apenas una semana, Toyota Motor Corp. reconoció otro problema vergonzoso: se produjo una filtración de datos en su servicio en línea Connected, administrado por una empresa del grupo. La brecha informática abarcó una década, lo que significa que la información de los conductores en más de 2 millones de vehículos estuvo bajo riesgo.
El mes pasado, se reveló otro problema en las pruebas de choque en modelos fabricados por Daihatsu y vendidos en el extranjero, que afectó a 88,123 vehículos. Una revisión adicional también encontró irregularidades en el mercado de Japón, según los fabricantes de automóviles.
Este último problema afectó al Toyota Yaris ATIV —que se vende en México, Tailandia y algunos países del Golfo Persico—, al Perodua Axia, vendido en Malasia, y al Toyota Agya, que se vende en Ecuador.
Daihatsu se disculpó en ese momento y creó un equipo de terceros para investigar el caso. No ordenó un retiro del mercado, alegando que los vehículos afectados siguen siendo seguros para conducir, pero expresó pena por haber fallado en los estándares de inspección.