Bolivianos votaron desconfiados en una elección atípica por altos jueces
En 2025 Bolivia celebrará elecciones presidenciales y el sistema judicial puede inclinar el tablero político, en medio de una batalla entre Evo Morales y su exministro y presidente Luis Arce por el liderazgo de la izquierda.
Los bolivianos votaron este domingo para renovar a los jueces de sus altas cortes de justicia, en una elección atípica marcada por la desconfianza ciudadana, en la que la mayoría de las regiones no pudo participar plenamente.
Es la tercera elección judicial en Bolivia, el único país del mundo que elige a sus altos magistrados por voto popular, aunque México empezará a hacerlo en 2025.
Las primeras mesas de votación comenzaron a cerrar a las cinco de la tarde, tras ocho horas de funcionamiento ininterrumpido, reportó la autoridad electoral.
Los ciudadanos escogieron a 38 autoridades -titulares y suplentes- del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental, entre candidatos preseleccionados por el Parlamento.
De cara a la presidencial
Pero la elección se llevó a cabo de manera parcial, pues en cinco departamentos la justicia suspendió la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y en dos jurisdicciones las del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia de apelación.
En 2025 Bolivia celebrará elecciones presidenciales y el sistema judicial puede inclinar el tablero político, en medio de una batalla entre Evo Morales y su exministro y presidente Luis Arce por el liderazgo de la izquierda.
Ya tuvo un rol decisivo este año, cuando el Tribunal Constitucional impidió una nueva candidatura de Morales, que gobernó entre 2006 y 2019. El tribunal limitó a dos el máximo de mandatos presidenciales y retiró a Morales de la cúpula del partido oficialista Movimiento al Socialismo.
Una nueva composición de las altas cortes podría revertir esta situación con la emisión de nuevas sentencias.
"No conocemos a ninguno"
El Tribunal Supremo Electoral informó que las elecciones de carácter obligatorio se realizaron sin incidentes. Sin embargo, la ciudadanía acudió a las urnas con desconocimiento y desánimo.
"Es una votación a ciegas, porque no conocemos a ninguno de los postulantes", dijo a la AFP Róger Arce, un empresario de 60 años, después de emitir su voto al sur de La Paz.
"Más parece un teatro para echarnos la culpa de que nosotros elegimos (...) a estos jueces", agregó.
Los candidatos no pueden hacer campaña electoral y el trabajo de difusión de perfiles personales que realizó la autoridad electoral no tuvo alcance masivo.
En las primeras dos elecciones judiciales (2011 y 2017), los votos nulos y blancos superaron el 60%. Esta vez la desconfianza frente al sistema de justicia es mayor.
"Este voto judicial no sirve para un país que necesita una justicia ética, una justicia que tenga valor", opinó Olga Palma, una jubilada de 66 años.
Al desconocimiento de los candidatos, se suma un contexto de profunda crisis política y económica.
Tras el cierre de mesas, los votos se contabilizan de manera manual. Los primeros avances de los conteos se conocerán este domingo y el cómputo total podría tardar hasta una semana, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
"Intereses diversos"
"Esta elección judicial es mucho más compleja, porque además del escenario político, social y económico que afecta a todas las familias bolivianas, se hizo patente la presencia de intereses diversos que atentaron contra el normal desarrollo del proceso electoral", dijo Oscar Hassenteufel, presidente de la autoridad electoral.
El proceso debió desarrollarse en 2023, pero se postergó varias veces. Todos los magistrados tienen sus mandatos vencidos.
Además la justicia constitucional suspendió el sufragio en varias zonas del país ante las impugnaciones de algunos candidatos rechazados en la preselección.
"El resultado es que la elección se realiza con un año de retraso y de manera incompleta", agregó Hassenteufel.
Bolivia se encuentra en el puesto 131 de 142 países en un ranking que analiza el cumplimiento de la ley, según el World Justice Project.
En las principales ciudades, el 85% de la población confía poco o nada en el sistema de justicia, según una encuesta de Ipsos.