Presidente de Guatemala rechaza reunirse con la cuestionada fiscal general

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó este viernes una invitación para reunirse la próxima semana con la cuestionada fiscal general del país, Consuelo Porras, a quien el nuevo gobernante le ha pedido que renuncie.

Arévalo, quien juró al cargo el 15 de enero, ha pedido en varias ocasiones la dimisión de Porras, quien impulsó polémicas investigaciones que pusieron en riesgo la transición presidencial y que fueron criticadas por la comunidad internacional.

El pedido de renuncia ha sido rechazado por la funcionaria, cuyo mandato culmina en 2026. Arévalo carece de facultades para removerla de su cargo.

"Se informa que el presidente Arévalo a través de un oficio delegó al ministro de Gobernación [Interior], Francisco Jiménez, para atender la reunión convocada por la fiscal", señaló la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un mensaje enviado a los medios.

El ministro asistirá el próximo miércoles a la cita en la fiscalía acompañado del director de la Policía, dijo la secretaría.

Precisó que "el Sr. Presidente, a diferencia de lo que ocurría con la citación a la fiscal en la Junta de Gabinete, no está obligado a asistir a la reunión, por lo que ha delegado al Ministro de Gobernación".

La invitación para una "reunión de trabajo" fue hecha por Porras el lunes, horas después de que ésta abandonara un encuentro con Arévalo y su gabinete al argumentar impedimentos legales para participar en él.

Porras, de 70 años, es señalada por la comunidad internacional de "socavar" la democracia en Guatemala al haber puesto en riesgo la investidura de Arévalo con cuestionadas investigaciones, entre ellas una que consideraba "nulas" las elecciones de 2023 ganadas por el socialdemócrata.

Estas maniobras fueron calificadas por Arévalo, sociólogo de 65 años, como un intento de "golpe de Estado" para evitar que asumiera el poder con su promesa de combatir la corrupción, que encendió las alarmas de la élite política y económica del país.

La fiscal está sancionada desde 2021 por Estados Unidos que la considera "corrupta" y este viernes la Unión Europea le prohibió a ella y otros cuatro funcionarios judiciales el ingreso a su territorio por "socavar la democracia y el Estado de Derecho" en Guatemala.