Nicaragua: denuncian el arresto de seis sacerdotes católicos

Seis sacerdotes católicos, entre ellos un obispo y el vicario general de la Arquidiócesis de Managua, fueron detenidos en los últimos días en Nicaragua, como parte de una “intensificación de la persecución” policial contra la Iglesia, denunciaron el viernes autoridades religiosas y voceros de la oposición.

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, dijo que la víspera fueron arrestados el padre Pablo Villafranca, de la parroquia Nuestro Señor de Veracruz, en Nindirí, Masaya, y el sacerdote Héctor Treminio, tesorero de la Arquidiócesis de Managua y párroco de la iglesia Santo Cristo de Esquipulas, ambas al este de la capital.

El mismo jueves, según las autoridades religiosas, se conoció la detención de monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, la más importante del país y que administra el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo capitalino.

“Me indigna el injusto secuestro de tres queridos sacerdotes de Managua de parte de la cruel dictadura sandinista”, escribió monseñor Báez en la red social X, antes Twitter.

“Le pido a Dios que los proteja y sean liberados de inmediato”, añadió el obispo, exiliado desde 2019 por su posición crítica frente al gobierno del presidente Daniel Ortega.

También el jueves se denunció el arresto de Fernando Calero, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima de la localidad rural de Rancho Grande, del norteño departamento (provincia) de Matagalpa. La denuncia la hizo en su cuenta de X la abogada Martha Patricia Molina, especialista en temas religiosos y autora de la reciente investigación: “Nicaragua, ¿una iglesia perseguida?”.

A la lista de los últimos arrestos se agrega, según Molina, el de monseñor Marcos Díaz Prado, vicario de la iglesia Santo Tomás Apóstol del Puerto de Corinto (occidente).

“Hasta la fecha no existe una acusación formal en contra de él, no se tiene información de su paradero”, escribió el viernes la abogada en su cuenta de X.

La tarde del 20 de diciembre pasado se había reportado la detención de monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna, una localidad minera en la región norcaribe de Nicaragua. Horas antes, Mora se había referido en una homilía al caso de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa (norte) que está preso y condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria”, tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados en febrero pasado.

La policía de Nicaragua no ha confirmado ni desmentido estas denuncias. La vicepresidenta y vocera oficial Rosario Murillo, esposa de Ortega, no respondió a una solicitud de información por parte de The Associated Press sobre el paradero de los sacerdotes.

En un comunicado, el Monitoreo Azul y Blanco —red informativa de la oposición— dijo haber recibido “reportes sobre múltiples detenciones arbitrarias” como parte de una “intensificación de la persecución y agresiones a miembros de la Iglesia católica” por parte “de la policía de la dictadura”.

Por su parte, la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración en la red social X desde su sede regional en Panamá, en la que “condena la desaparición forzada del obispo Isidoro Mora” y “la nueva ola de detenciones de religiosos en Nicaragua”.

Estos arrestos “además de atentar contra su libertad personal, violarían el derecho a la libertad religiosa, pilar de cualquier Estado democrático”, agregó el informe.

Ortega mantiene fuertes tensiones con la Iglesia, ha prohibido las tradicionales procesiones católicas y en marzo pasado ordenó el cierre de su misión diplomática en el Vaticano y de la Nunciatura apostólica en Managua, después de que el papa Francisco se refiriera a su gobierno como “una dictadura grosera”.

También Rosario Murillo ataca a menudo a la Iglesia en sus declaraciones de radio y televisión, y hace dos días afirmó que “diablos son los que tocan las campanas”.

En octubre pasado, el gobierno sandinista excarceló a 12 sacerdotes nicaragüenses que estaban presos y los envió al Vaticano.

Según Molina, en el último año decenas de sacerdotes y monjas han sido expulsados de Nicaragua o se les ha impedido retornar al país cuando realizan viajes al exterior.

El gobierno acusa a la Iglesia católica de haber apoyado la rebelión social que estalló en abril de 2018, que Ortega calificó como “un fallido golpe de Estado” y de haber prestado las parroquias para recibir alimentos y atender a jóvenes manifestantes heridos por la policía.

Durante aquellas protestas, la represión de policías y paramilitares dejó al menos 355 muertos, más de 2,000 heridos, unos 1,600 detenidos en distintos momentos y por lo menos 100,000 exiliados en ese año, según organismos de derechos humanos.