Una investigación revela un contexto adverso y cierre de espacios para ONG en El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele
Las organizaciones de la sociedad civil de El Salvador enfrentan "uno de los escenarios más adversos" desde el final de la guerra civil (1980-1992), de acuerdo con una investigación dada a conocer este martes y que da cuenta del cierre de espacios de diálogo con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, acoso policial y censura.
La investigación, realizada por la organización humanitaria Cristosal, recoge la experiencia de 71 ONG que trabajan en diferentes sectores y permitió identificar "patrones de vulneraciones".
"Estamos ahora bajo la administración de un Gobierno profundamente antidemocrático, violador de los derechos humanos, que abusa del poder militar, del poder policial, que ha cooptado el sistema judicial y otras instituciones independientes", dijo a EFE David Morales, de Cristosal.
Señaló que, a su juicio, "este tipo de gobiernos trata de vender una imagen que sea popular", por lo que "les incomoda que se hable de sus abusos de poder, de sus transgresiones a la Constitución, a las violaciones a derechos humanos y esa medida se vuelve un gobierno intolerante hacia las organizaciones de derechos humanos".
Afirmó que el Gobierno salvadoreño "ataca, hostiga y acosa a las organizaciones que están denunciando los crímenes internacionales que está cometiendo el Gobierno de Bukele en El Salvador".
De acuerdo con el estudio, "las organizaciones están en peligro" y "hay patrones muy graves, como el acoso policial".
"Un ejemplo es el registro arbitrario y abuso de autoridad en sedes de organizaciones y en las casas de representantes de estas, amenazando incluso con aplicar el régimen de excepción", según la organización Cristosal.
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales, tras una escalada de homicidios atribuido a las pandillas.
"Otros patrones son la eliminación de espacios de participación ciudadana en la administración pública, la negativa de acceso a la información y el retraso o impedimento en la legalización de sus entidades", puntualizó.
La investigación también da cuenta de que "las organizaciones anticipan un escenario caracterizado por condiciones cada vez más hostiles y complicadas", como "la preocupación sobre el cierre de sus organizaciones".