Conteo electoral en Guatemala apunta a una segunda vuelta
Los tres se mantenían por debajo del 20% de votos, lejos del 50% necesario para ganar en primera ronda.
El conteo de votos en Guatemala parecía confirmar el lunes de madrugada la celebración de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales para suceder al actual mandatario, Alejandro Giammattei.
Con el 90% de datos escrutados, "esto definitivamente es una tendencia, no definitiva pero tenemos tres partidos que van a la cabeza", indicó en una conferencia de prensa de madrugada Gabriel Aguielra, magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
Los datos situaban en primer lugar a la ex primera dama de centroderecha Sandra Torres con un 15,2% de apoyos, seguida de Bernardo Arévalo, del izquierdista partido Movimiento Semilla, que dio la sorpresa y marchaba en segundo lugar con un 12,2%. A mayor distancia, con un 7,8, quedaba la candidatura de Manuel Conde, de la formación Vamos de Giammatei.
Los tres se mantenían por debajo del 20% de votos, lejos del 50% necesario para ganar en primera ronda.
Torres Casanova dijo sentirse contenta con los resultados y aseguró que estaba preparada para ganar con quien fuera a una segunda vuelta. "Primero Dios yo sea la primera mujer presidenta de Guatemala", dijo la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza.
La participación se quedó en un 60%, mientras que los votos nulos de una población frustrada superaban los apoyos a los 22 candidatos, con un 17,4%.
Tres aspirantes destacados -de distintas corrientes políticas, pero todos con promesas de importantes reformas- habían llamado al voto nulo cuando sus candidaturas fueron descalificadas por las autoridades electorales, en una de las convocatorias electorales más accidentadas de la historia reciente del país centroamericano.
También se ha acusado a las autoridades de proteger candidaturas que auguran la continuidad del sistema.
"Los resultados son el cansancio de la gente con la clase política tradicional", indicó Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arevalo, que dirigió entre 1945 y 1951 uno de los gobiernos más progresistas que ha tenido Guatemala.
La jornada de votaciones no estuvo exenta de incidentes, con episodios violentos y al menos 15 detenidos, según la Fiscalía. En San José del Golfo, las elecciones fueron suspendidas y se celebrarían el 20 de agosto, con la segunda vuelta, debido a hechos de violencia.
Al final de la tarde, cuando los puntos de votación cerraban, la policía informó de tres ataques con bombas incendiarias ante centros electorales en tres zonas distintas de la capital. También hubo un enfrentamiento entre votantes en el municipio de San Martín Zapotitlán, en el departamento de Rethauleu, al sur del país, con varios detenidos.
Al cierre de las votaciones, el ciudadano Alejandro Cameros, maestro de 30 años, dijo que votó para que la misma gente no vuelva a estar en los cargos. "Que no queden de los mismos, sino que haya un cambio para Guatemala", declaró. "Yo tengo fe de que va a cambiar, pero si hay que cambiar, tiene que ser desde de uno mismo para que el gobierno también haga lo suyo".
La organización Mirador Electoral que vigila el proceso dijo que, según sus monitoreos, los principales problemas tenían que ver con denuncias de acarreo de votantes mayormente a nivel municipal, la compra de votos e intimidación a periodistas y medios de comunicación.
El Tribunal Supremo Electoral, así como las cortes de justicia, que entran a dilucidar conflictos electorales cuando lo requieren las partes, favorecieron a dos candidatas punteras: Torres, que se presentó acompañada de Romeo Guerra, un pastor evangélico, lo cual prohíbe la Constitución; y Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, pese a que la Carta Magna también prohíbe ocupar la presidencia a quién haya encabezado un golpe de estado (como lo hizo Ríos Montt en 1982) y a sus familiares.
Los comicios se celebraban en medio de una deriva del país hacia el autoritarismo. Votantes preocupados por la seguridad, la educación y el empleo expresaron su esperanza de que incluso si el próximo presidente o presidenta no ofrecía los cambios que deseaban, al menos reconociera la importancia de las instituciones del país y detuviera la erosión democrática registrada durante el mandato de Giammattei, que por ley no puede volver a presentarse.
Durante la gestión del actual presidente más de 35 operadores de justicia se exiliaron denunciando criminalización por su labor anticorrupción y contra crímenes de lesa humanidad. También se recrudecieron las agresiones, amenazas y criminalización a la labor periodística.
Edgar Gutiérrez, analista político y exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, dijo antes de la votación que algunos de los que tienen más probabilidades de avanzar a una segunda vuelta prometerían al menos una mínima mejora con respecto a Giammattei.
"Esta vez el problema es rescatar el estado de derecho y reconstruir las instituciones, porque si no hacemos esto, todos los problemas de fondo no se van a poder tratar", dijo Gutiérrez. "Entonces la gente por eso se está yendo de Guatemala. Está emigrando porque la democracia no da resultados".
El socavamiento de la democracia en Centroamérica no se limita a Guatemala.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha llegado a extremos para lograr aplastar a toda la oposición, primero aterrorizando con sus fuerzas de seguridad, persiguiendo a los enemigos a través de leyes específicas y luego encarcelando, exiliando y desterrando a cualquier voz crítica.
Nayib Bukele de El Salvador es muy popular en casa, pero ha concentrado el poder en el congreso y el poder judicial, debilitando el sistema de garantías y contrapesos. Más de un año después de suspender algunos derechos fundamentales, el gobierno ha encarcelado a más de 60.000 personas acusadas de tener vínculos con las poderosas bandas callejeras del país.
Casi 40.000 candidatos pujaban por puestos en los 22 departamentos de Guatemala, un país que no será fácil de gobernar y que es agobiado por la corrupción, narcotráfico, migración, inseguridad y donde la situación se ha agravado los últimos años debido a un deterioro de la democracia y el estado de derecho, según los expertos.