López Obrador admite ajusticiamiento de cinco hombres a manos de militares

La difusión de un vídeo de una cámara de seguridad en el que se ve a varios militares mexicanos matar a cinco hombres llevó el miércoles al presidente del país, Andrés Manuel López, a admitir que se trata de un aparente “ajusticiamiento” a manos de uniformados. Prometió que los responsables serán entregados a las autoridades judiciales.

El episodio ocurrió en mayo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, pero López Obrador se pronunció el miércoles al darse a conocer las imágenes. Durante su conferencia matutina, condenó los hechos y aseguró que ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y que se pondrán a disposición de la justicia a los responsables de los asesinatos.

El mandatario, quien ha sido un firme promotor de las Fuerzas Armadas, insistió en que bajo su administración no se permitirán abusos contra los derechos humanos. “Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos”, alegó. “Cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables”, defendió.

En el video de la cámara de seguridad de una tienda, que difundieron el martes por la noche la cadena estadounidense de habla hispana Univisión y el diario español El País, se observa el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro. Poco después llega un vehículo militar mexicano, con una torreta de artillería, y choca contra la camioneta bloqueando las puertas delantera y trasera del lado derecho. De inmediato bajan unos once uniformados armados con fusiles.

Tras disparar hacia las ruedas de la camioneta, los militares abren las puertas y van sacando uno a uno a los cinco ocupantes, entre ellos el chofer, al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo. Luego se ve cómo los cinco civiles son llevados a empujones y arrastrados hasta un muro, donde algunos de los militares supuestamente les disparan y posteriormente uno de los uniformados coloca fusiles a lado de los cuerpos.

En otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta chocada y comienzan a disparar hacia la calle para repeler un aparente ataque, y uno de los soldados dispara hacia los civiles que están inmovilizados en el muro.

“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo López Obrador al referirse al video en su conferencia matutina.

Guadalupe Correa-Cabrera, profesora adjunta en la Universidad George Mason, afirmó que en este caso de Nuevo Laredo podría deducirse que los soldados intentaron alterar la escena del crimen para que pareciera que hubo un enfrentamiento armado.

“Parece ser que esa fue la intención de dejar estos cuerpos con armas como si se tratara de un enfrentamiento entre dos grupos de civiles armados, no como ya ha pasado en otros casos”, dijo Correa-Cabrera y agregó que mientras se tenga a militares en labores de seguridad pública este tipo de eventos seguirán ocurriendo.

Durante su sexenio, que se inició en el 2018, López Obrador ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como un tren en el sur de país y varios aeropuertos, así como la gestión de las aduanas y trenes, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública.

El gobernante ha defendido incondicionalmente la honradez del Ejército, pero éste sigue acosado por denuncias de abusos contra los derechos humanos, en particular en Nuevo Laredo donde en los últimos cuatro meses se ha reportado al menos siete asesinatos de civiles supuestamente a manos de militares.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo el martes en un comunicado que está cooperando con la Fiscalía General de la República en las investigaciones a fin de que se determinen las responsabilidades.

La Sedena añadió que la Fiscalía General de Justicia Militar inició de oficio una investigación de los hechos. “Por ello, se garantiza a la sociedad mexicana que no existe impunidad en el desempeño del personal militar, ni solapará ninguna conducta contra el Estado de derecho”, señaló el comunicado.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -una de las organizaciones humanitarias más importantes del país- consideró el caso como “extremadamente grave” y dijo el miércoles en su cuenta de Twitter que “aunque se diga lo contrario el #Ejército es el mismo de antes. Sus elementos cometen ejecuciones y luego siembran armas para encubrir”.

El Centro Prodh cuestionó la actuación de López Obrador frente a los medios de comunicación y la sociedad civil y señaló a la Fiscalía General de la República de ser “complaciente” y de indagar solo si hay anuncia de la Sedena.

El asesinato de los cinco civiles ocurre casi dos meses después de un violento evento también registrado en Nuevo Laredo, en el que una joven embarazada y un hombre murieron luego que elementos de la Guardia Nacional supuestamente tirotearon contra la camioneta en la que se trasladaban.

En febrero, se registró otro incidente similar cuando una patrulla del Ejército mató a balazos a cinco hombres en Nuevo Laredo, una ciudad dominada por cárteles del narcotráfico. Cuatro soldados han sido acusados en relación con este tiroteo, el cual desató críticas hacia la postura de López Obrador de dar más responsabilidades de seguridad pública a las Fuerzas Armadas.

En otro caso, varios soldados fueron detenidos por el asesinato de 22 sospechosos en un almacén en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, en 2014.

Aunque algunos de los 22 civiles murieron en un tiroteo inicial con una patrulla del Ejército -en el que resultó herido un soldado-, una investigación de derechos humanos determinó que al menos ocho y quizá hasta una docena de sospechosos fueron ejecutados tras rendirse.

Siete soldados fueron puestos en libertad y detenidos de nuevo años después acusados de abuso de autoridad.