Expertos acusan a El Salvador de violar el derecho a un juicio justo con el estado de excepción

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los efectos del estado de excepción decretado hace más de un año en el Salvador y han advertido al Gobierno de Nayib Bukele de que "no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública".

Bukele promovió esta medida a raíz de un repunte de la violencia de las pandillas, lo que se ha traducido en poderes especiales para las fuerzas de seguridad y en una nueva estrategia que el presidente salvadoreño ha reivindicado como exitosa, frente a las críticas internacionales.

En marzo, las autoridades locales elevaron a más de 67.000 las personas detenidas por su supuesta pertenencia a pandillas, pero los expertos han incidido en que "muchas" de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen incluso "desapariciones forzadas de corta duración".

Los relatores de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias temen que no se esté garantizando tampoco el debido proceso.

"El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo", han remachado.

En este sentido, han cuestionado que algunas vistas se celebren en grupos de hasta 500 personas o a que los abogados públicos se les den apenas unos pocos minutos para presentar sus argumentaciones. 

Este tipo de sesiones "masivas" socavan, a juicio de los expertos, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos.

Por otra parte, los relatores han advertido de que miles de familias sufren problemas económicos al tener que hacer frente a costes vinculados a la defensa, la salud o el bienestar de sus seres queridos. 

"Estas medidas amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado", han advertido.