Brasil intenta incautar las armas no registradas

Jonathan Schmidt apenas logró cumplir con el plazo para llegar al cuartel general de la Policía Federal en el centro de Río de Janeiro con una bolsa de viaje en la que llevaba una pistola dorada y siete fusiles, uno de los cuales asomaba por la cremallera.

“Estoy enamorado de las armas”, dijo Schmidt. “Tendría más de 2.000 si el gobierno me lo permitiese”.

Schmidt ya había registrado sus armas en el ejército, que es lo que exige la ley a los tiradores deportivos como él, pero los expertos han cuestionado la confiabilidad de la base de datos, y señalaron que una supervisión poco rigurosa ha permitido que esas armas caigan en manos de delincuentes. Schmidt inscribió sus armas en el registro policial el miércoles, el último día para cumplir con la iniciativa del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, o de lo contrario se las confiscarían.

En sus cuatro años en el poder, el expresidente Jair Bolsonaro trató de convertir un país con pocas armas en uno en el que la posesión de ellas y la falta de regulación significaran libertad personal.

Ahora, su sucesor Lula ha tomado medidas para revertir esas políticas proarmas, y el primer paso fue pedirles a los propietarios que las registren ante la policía. Luego de cierta resistencia inicial han empezado a verse algunos avances.

Pero más de 6.000 armas de uso restringido previamente registradas ante el ejército, entre ellas fusiles de asalto, no fueron presentadas a la policía antes de que venciera el plazo el 3 de mayo, dijo el jueves a los periodistas el ministro de Justicia, Flávio Dino. Es probable que hayan ido a parar a manos de delincuentes, y ahora son objeto de investigación y posible incautación, señaló.

En la última campaña de control de armas en el país, en 2003, se invitó a los brasileños a entregar sus armas a cambio de un pago simbólico del Estado. La participación en la iniciativa fue muy elevada.

A ojos del derechista Bolsonaro, sin embargo, el decreto de desarme fue un error histórico. Haciéndose eco de aspectos del conservadurismo estadounidense, fue el primer candidato presidencial brasileño en hacer campaña en favor de las armas, alegando que los “buenos ciudadanos” tienen derecho a tenerlas para proteger a sus familias y sus propiedades. Modificó las normas sobre la cantidad de balas que se pueden poseer y el acceso a armas de calibre restringido. Y dijo repetidamente que “un pueblo armado nunca será esclavizado”.

El Instituto Sou da Paz, una organización no gubernamental que monitorea la seguridad pública, calcula que con Bolsonaro el número de armas en manos de civiles casi se triplicó, al alcanzar 2,2 millones en un país de 214 millones de habitantes. La cifra sigue estando muy por debajo de la de Estados Unidos, y la Constitución de Brasil no contempla el derecho a portar armas.

“Tuvimos un fuerte crecimiento en el acceso a las armas de fuego, incluyendo las de uso restringido”, le dijo Michele dos Ramos, que encabeza el grupo de trabajo encargado de la política de armas en el Ministerio de Justicia, a The Associated Press por teléfono. “Para redactar cualquier directriz encaminada a reestructurar las políticas y normativas sobre armas y municiones, es importante que tengamos un diagnóstico de la situación de esas armas”.

En su primer día en el cargo, Lula promulgó un decreto que exigía a los propietarios de armas que las registraran ante la policía federal, y el plazo original se postergó hasta el 3 de mayo. En el cuartel de la Policía Federal en Río, los agentes han registrado armas pertenecientes a hasta 50 personas por día.

Pero muchas personas se sentían recelosas.

“Había mucha preocupación, especialmente al principio, cuando llegaban aquí. Creían que les íbamos a confiscar las armas”, indicó Marcelo Daemon, jefe del departamento de la policía de Río que supervisa el control de las armas, en una entrevista en su oficina. “En redes sociales circularon muchas noticias falsas y la gente venía con miedo”.

Algunos políticos contribuyeron al recelo generalizado. El 17 de marzo, la legisladora federal Julia Zanatta compartió una foto en la que aparecía con una ametralladora, vestida con una camiseta que tenía la frase “Ven y tómala” y una imagen de la mano de Lula atravesada por tres agujeros de bala. Paulo Bilynskyj, legislador y exjefe de policía de Sao Paulo, compartió las instrucciones a seguir en caso de que a los propietarios les fueran incautadas sus armas.

“Tenemos un país más armado, una cultura de las armas más fuerte, más representes centrados en la agenda proarmas”, dijo Carolina Ricardo, directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz, y añadió que el Congreso será la “piedra en el zapato” de los grupos que presionan por un control de armas más estricto. La así llamada “bancada de las balas”, integrada por legisladores proarmas, ganó decenas de nuevos escaños en los comicios del año pasado.

Antes del registro iniciado por el gobierno de Lula, el ejército recopilaba y retenía los datos sobre las armas de propietarios deportivos, coleccionistas y cazadores, conocidos como CACs. Bolsonaro eliminó el requisito de que los que se registraran pasaran por el arduo proceso de presentar documentación, justificaciones y exámenes psicológicos a la policía federal —que por su parte registra las armas para defensa personal_, limitando así el control del departamento sobre el número total de armas en circulación.

Datos del ejército indican que los CACs compraron 762.365 armas de fuego desde el 7 de mayo de 2019, cuando Bolsonaro hizo modificaciones de gran envergadura en el acceso a las armas y las municiones. Pero el Instituto Sou da Paz y el Instituto Igarape, otra organización no gubernamental centrada en la seguridad, estiman que la cifra no refleja cerca de 100.000 armas adicionales, según los datos recopilados a través de solicitudes de libertad de información. A fines del año pasado, el ejército actualizó calladamente su base de datos para que reflejara casi 200.000 armas registradas adicionales, según el Ministerio de Justicia.

Con la exigencia del registro en persona, el gobierno espera determinar de forma precisa cuántas armas y de qué tipo no están ya en manos de sus propietarios originales y, potencialmente, se encuentran en manos de grupos criminales.

El ministro Dino presentó datos el jueves que muestran que se registraron 939.154 armas ante la Policía Federal, cifra que incluye la mayoría de las que están en la base de datos del ejército después del aumento reciente en su total.

“Esta (cantidad) es probablemente mayor que el arsenal de prácticamente todos los policías militares de todo el país”, dijo. “Ya tenemos muchas armas en manos privadas en Brasil”.

La mayoría de los activistas por la posesión de armas se han mostrado a favor, aunque algunos habían alentado a sus seguidores a hacerlo a regañadientes. A mediados de marzo, Marcos Pollon, un legislador federal que encabeza un grupo proarmas que se suele comparar con la Asociación Nacional del Rifle estadounidense, calificó la iniciativa gubernamental de “absolutamente ilegal e inconstitucional”. Una semana después, publicó un video en YouTube —donde tiene más de 150.000 suscriptores_, diciendo que había registrado su arma y que aquellos que no lo hicieran enfrentarían consecuencias.

El ministro de Justicia planea proponer un nuevo decreto para Lula antes del 15 de mayo encaminado a imponer nuevas reglas para clubes de tiro y armerías, y limitar la cantidad de armas y municiones que los civiles pueden obtener.

Schmidt, el propietario de armas de Río, consideraba que la medida del gobierno para establecer el registro era una vergüenza. Pero ahora, apunta, reconoce que es importante que la Policía Federal esté al tanto de todas las armas que poseen los civiles.

“De esta forma, seguimos en la legalidad”, dijo.