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Gobierno de El Salvador "restringe" acceso a la información, dicen SIP y CPJ
La delegación fue encabezada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y la coordinadora del programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar.
Bandera de El Salvador.
El gobierno de El Salvador "restringe" el acceso a la información pública, lo que limita la transparencia en temas críticos como la situación en las cárceles y estadísticas de criminalidad, afirmaron este viernes dos organizaciones internacionales de prensa.
"El gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado al instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano", indicaron en un comunicado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Esto limita "la transparencia sobre temas críticos" en medio del régimen de excepción en vigor en el país desde marzo de 2022, herramienta clave de la "guerra" contra las pandillas emprendida por el presidente Nayib Bukele, dijeron ambas entidades al cierre de una visita de tres días a El Salvador.
La delegación fue encabezada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y la coordinadora del programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar.
La SIP y el CPJ indicaron que periodistas y organizaciones de la sociedad civil se quejan de una "enorme opacidad, ocultamiento de información y ausencia total de acceso a fuentes oficiales".
La misión se reunió con directivos de medios de comunicación, de asociaciones de periodistas, de la academia y de organizaciones de derechos humanos, así como con diplomáticos extranjeros.
También con el comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán.
Los periodistas entrevistados denunciaron una "creciente estigmatización" y "una retórica hostil contra la prensa e intentos constantes de minar la credibilidad del periodismo a través de campañas de descrédito", dice el comunicado.
"Desde la implementación del estado de emergencia, se limitan garantías constitucionales fundamentales, incluyendo la confidencialidad de la correspondencia privada, y se habilitan detenciones sin orden judicial, lo que crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo", lamentó la misión.
Sin embargo, el comisionado presidencial negó a la misión que exista persecución contra la prensa y destacó que no hay periodistas encarcelados ni asesinados en el país.