A principios de agosto, nueve policías texanos allanaron la casa Lidia Martínez, una octogenaria texana, activista de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que defiende los derechos civiles de la población latina en Estados Unidos. 

Fue un registro policial basado en sospechas de infracción a las leyes electorales, pero que la organización LULAC califica de maniobra para intimidar a los activistas latinos que ayudan a los mayores a votar por correo.

A finales de agosto además, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la eliminación de cerca de un millón de personas del padrón electoral. Muchas de ellas habían fallecido o se habían mudado. Y solo 6.500 de ellas no poseían la ciudadanía. Un dato que el gobernador conservador utilizó para agitar el espectro de un supuesto voto ilegal de migrantes.