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Piden aumentar la pena a Cristina
Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida por el delito de administración fraudulenta —defraudación al Estado— por unos 1,000 millones de dólares.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, durante un acto publico en Buenos Aires, el 25 de mayo de 2023.
Un fiscal solicitó aumentar de seis a 12 años de prisión la condena que la expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en 2022 por corrupción en la obra pública, en una primera audiencia el lunes ante una corte de apelación.
Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida por el delito de administración fraudulenta —defraudación al Estado— por unos 1,000 millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos consecutivos (2007-2015) al menos 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado.
El mismo tribunal absolvió a la dirigente peronista por el delito de asociación ilícita, por el que la fiscalía había solicitado 12 años de prisión.
“La escala penal resultante es ínfima para la gravedad de los hechos”, sostuvo el fiscal Mario Villar en referencia a la condena de seis años contra Fernández de Kirchner, durante la primera audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal –máximo tribunal penal del país— que lleva el trámite de apelación.
“Incentiva a los funcionarios a cometer delitos”, cuestionó el funcionario.
Corte Suprema
El tribunal puede confirmar, reducir, aumentar e incluso desestimar la condena que pesa contra la también exvicepresidenta entre 2019-2013. No obstante, la última palabra la tendrá la Corte Suprema.
La política de centro-izquierda enfrenta varias causas judiciales en su contra, desde lavado de dinero hasta encubrimiento de los supuestos responsables de un atentado terrorista.
Para el fiscal, “la asociación ilícita está comprobada” en el caso contra la exmandataria. Indicó que durante su presidencia “se constituyó un esquema de corrupción para-institucional a través de mecanismo de manipulación de la obra pública”, de la que fueron partícipes los entonces funcionarios del área del Ministerio de Infraestructura —encargado de la obra pública— y el empresario Báez, amigo de la familia Kirchner.
En el cierre de su exposición, Villar solicitó condenar a Fernández de Kirchner “en calidad de jefa de la asociación ilícita” a 12 años de prisión.
Fernández de Kirchner, que mientras dure el proceso seguirá en libertad, niega los cargos en su contra y aduce que es una perseguida de sectores judiciales confabulados con intereses políticos y económicos para socavar su popularidad y apartarla de la escena política.