Máximo tribunal de Guatemala advierte que la vicepresidenta electa no puede ser arrestada
La corte indicó en un comunicado de prensa que Herrera Aguilar cuenta con la figura del antejuicio, establecida por la ley guatemalteca como garante de inmunidad en caso de alguna acusación judicial.
Karin Herrera Aguilar y Bernardo Arévalo de León.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, advirtió este jueves que la vicepresidenta electa, Karin Herrera Aguilar, goza de inmunidad y no puede ser arrestada por ninguna autoridad.
La corte indicó en un comunicado de prensa que Herrera Aguilar cuenta con la figura del antejuicio, establecida por la ley guatemalteca como garante de inmunidad en caso de alguna acusación judicial.
"Se ordena a todas las autoridades denunciadas se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de Karin Larissa Herrera Aguilar", puntualizó la Corte de Constitucionalidad.
El dictamen del máximo tribunal de Guatemala llega solo horas después de que la vicepresidenta electa solicitara un amparo legal para evitar su detención, ante fuertes rumores de un próximo arresto en su contra por parte del Ministerio Público (Fiscalía).
El recurso legal de la vicepresidenta electa, que debe tomar posesión de su cargo junto al nuevo presidente, Bernardo Arévalo de León, el próximo domingo, fue interpuesto en la mañana de este jueves.
El equipo de comunicación de Herrera confirmó a EFE que la vicepresidenta se encuentra en Guatemala atendiendo reuniones privadas previo a la investidura.
En 2023, el Ministerio Público vinculó a Herrera con un supuesto caso de daños contra el patrimonio que se habría cometido en las instalaciones de la Universidad de San Carlos, la única pública del país.
Desde julio de 2023, el Ministerio Público ha intentado revertir la victoria electoral de Arévalo de León, quien debe tomar posesión el domingo.
En septiembre, Arévalo de León acusó públicamente a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra para evitar su investidura.
Este mismo jueves fue detenido el exministro de Gobernación (Interior) Napoleón Barrientos, acusado de no cumplir con un dictamen en octubre pasado que ordenaba reprimir y desalojar a manifestantes en las calles durante 2023 en protesta contra Porras.