Cancillería de México analizará dar asilo político a Jorge Glas en caso de que lo solicite

La Cancillería de México confirmó este domingo que Jorge Glas se encuentra protegido en calidad de huésped en la embajada de México en Quito y analizará su solicitud de asilo político si así lo manifiesta el exvicepresidente de Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa (2017-2022).

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE o Cancillería) del Gobierno mexicano, detalló que Glas se presentó en la embajada mexicana en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda, ya que expresó temor por su seguridad y libertad personal.

La dependencia mexicana precisó que se le permitió el acceso al exvicepresidente ecuatoriano, “de conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, con los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para este tipo de casos, y con el principio pro persona consagrado en el artículo 1 de la Constitución (mexicana)”.

Además, la Cancillería mexicana afirmó que, en caso de que Glas formalice una solicitud de asilo político, el Gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda.

Esto con base en los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional consuetudinario en la materia, refirió la SRE.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de México y embajada en Ecuador están en la mejor disposición de mantener el diálogo y colaboración con las autoridades ecuatorianas para allegarse de toda la información necesaria sobre la situación de Jorge David Glas”.

Por su parte, el Gobierno de Ecuador solicitó a la Embajada mexicana en Ecuador que pida a Glas abandonar su delegación diplomática para que pueda ser detenido por la Policía ecuatoriana, en cumplimiento a una investigación fiscal.

La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, publicó el contenido de una nota enviada a la Embajada de México, donde Glas había acudido en medio de la orden de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que la Policía lo ubique, localice, inmovilice y traslade hasta la sede del Ministerio Público en Quito.