Chile planea aprobar una constitución "a la altura de los desafíos del siglo 21"
El pasado 7 de octubre, la Comisión Experta recibió la propuesta de la que sería la futura Constitución de Chile. Para llegar a esta versión, los 50 integrantes del Consejo Constitucional, donde la derecha tiene la mayoría, mantuvieron intensos debates desde el pasado mes de junio, repletos de acuerdos, desacuerdos e inconformidades. La Comisión tiene hasta el 12 de octubre para expresar sus observaciones.
“Uno pensaría que esta Constitución debiera mirar a los próximos 30 o 50 años en adelante y no se ven normas que vayan en ese sentido, sino más bien nos estamos quedando con el statu quo”, comenta Ximena Insunza Corvalán, profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Con el golpe de Estado de 1973, Augusto Pinochet tomó la presidencia de Chile, y aprobó en 1980 la actual Carta Magna que rige al país y que durante muchos años fue el símbolo del neoliberalismo latinoamericano.
En ese momento el mundo aún estaba dividido por el muro de Berlín, los científicos apenas comenzaban a entender el vertiginoso calentamiento del planeta y en Europa, las instituciones del Estado de bienestar se reforzaban.
Este 2023, la posible aprobación de una nueva Constitución brindaría a la nación chilena una normativa a la altura de los desafíos del siglo 21, o retrocedería en el tiempo.
“Uno pensaría que esta Constitución debiera mirar a los próximos 30 o 50 años en adelante y no se ven normas que vayan en ese sentido, sino más bien nos estamos quedando con el statu quo”, comenta Ximena Insunza Corvalán, profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
“Lo primero que ve en esta relación que hay entre la Comisión Experta y el Consejo Constitucional es tratar de reponer este Estado social y democrático en el artículo primero, para que sea el horizonte de la Carta Constitucional de nuestro país. El haberla puesto ya en el artículo segundo, da un indicio de la ideología que hay detrás de aquellos que eran mayoría en este Consejo Constitucional. Entonces, en el contexto completo de este texto constitucional, uno no ve necesariamente que es una Constitución progresista que pueda hacerse cargo de estos problemas”,subraya la investigadora.
Insunza lamenta que este proyecto constitucional no apostara por un equilibrio entre la protección del medioambiente y la extracción de recursos naturales, imperativos para el desarrollo del país: “Si uno ve el capítulo 13, que es el capítulo de Medio Ambiente, podemos decir que es una Constitución más bien noventera de los años 2000, que no necesariamente tiene los resguardos necesarios para hacer frente a lo que va a ser esta crisis que estamos viviendo. Las cosas se pueden hacer de manera muy distinta y es ahí donde muchas veces encontramos resistencia y no tenemos la normativa suficiente para imponer condiciones”.
El próximo 17 de diciembre, los chilenos regresarán a las urnas para aprobar o rechazar esta Constitución.