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Suprema israelí estudia objeción a ley

La audiencia, que duró ocho horas, fue parte de varias impugnaciones judiciales claves contra un paquete de ley propuesto y medidas gubernamentales que pretenden alterar el sistema de justicia del país.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, izquierda, camina al lado de Yitzchak Goldknopf, ministro de Construcción y Vivienda de Israel, ayer.(Abir Sultan/Pool Photo vía AP)

La Corte Suprema de Israel atendió ayer jueves la objeción a una ley que dificulta la destitución de un primer ministro en funciones, que según sus opositores está diseñada para proteger al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ha estado trabajando para reformar el sistema de justicia mientras es juzgado por presunta corrupción.

La audiencia, que duró ocho horas, fue parte de varias impugnaciones judiciales claves contra un paquete de ley propuesto y medidas gubernamentales que pretenden alterar el sistema de justicia del país. Se da después de meses de agitación en Israel por el plan y profundiza una brecha entre el gobierno de Netanyahu y el poder judicial, al que quiere debilitar a pesar de una oposición sin precedentes.

La audiencia del jueves sobre la ley, la segunda del Tribunal Superior, sucedió ante un panel ampliado de 11 jueces, lo que subraya la importancia de las deliberaciones.

ley de incapacidad

La coalición de gobierno de Netanyahu —la más religiosa y nacionalista de la historia de Israel— aprobó en marzo una enmienda conocida como “ley de incapacidad”, la cual permite que un primer ministro sea considerado no apto para gobernar únicamente por razones médicas o de salud mental. Según la enmienda, sólo el primer ministro o el gobierno tienen el poder de determinar la incapacidad de un líder.

La versión anterior de la ley era vaga tanto sobre las circunstancias en que un primer ministro podía ser considerado no apto como sobre quién tenía la autoridad para declararlo. Pero los expertos afirman que la enmienda despoja expresamente al fiscal general, que históricamente ejerce el poder de declarar a un primer ministro no apto para el cargo, de la capacidad de hacerlo.

Se espera que la Corte Suprema emita un fallo hasta enero del próximo año.

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