estados unidos
Juez ratifica que el programa DACA de migrantes es ilegal
Susana Lujano, mexicana que vive en Houston, participa con otras personas en una movilización de apoyo al programa.
Un juez federal declaró el miércoles ilegal una versión ajustada de un programa federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia.
El juez federal Andrew Hanen coincidió con Texas y otros ocho estados que presentaron una demanda para frenar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Se prevé que el fallo del juez sea apelado ante la Corte Suprema, enviando el programa ante el máximo tribunal por tercera ocasión.
Hanen prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero mantuvo el programa intacto para los actuales beneficiarios durante el proceso de apelación previsto. Hanen dijo que su orden no obliga al gobierno federal a adoptar medida alguna contra los beneficiarios del DACA.
Los estados alegan que, en primer lugar, el gobierno del presidente Barack Obama carecía de la autoridad para crear el programa en 2012, ya que eludió al Congreso.
En 2021, Hanen había declarado ilegal al programa, determinando que la medida no había sido sujeta a un aviso público y a los periodos de comentarios que establece la Ley federal de Procedimientos Administrativos.
El gobierno federal intentó satisfacer las preocupaciones de Hanen con una nueva versión del DACA que entró en vigor en octubre de 2022, la cual fue sometida a comentarios del público como parte del proceso formal de realización de disposiciones.
Pero Hanen, quien fue designado al cargo por el entonces presidente George W. Bush en 2002, falló que la versión actualizada del DACA continuaba siendo ilegal. Había señalado previamente que el DACA era inconstitucional y que le correspondería al Congreso promulgar una iniciativa que protegiera a las personas acogidas en el programa, a las que se les conoce como “dreamers”.
Hanen también había fallado en ocasiones anteriores que los estados tenían la facultad para presentar su demanda debido a que habían resultado perjudicados por el programa.