Informe de ONU vincula la pobreza con la delincuencia en Ecuador

Un enviado de la ONU exhortó ayer viernes al gobierno de Ecuador a mejorar la aplicación de las leyes laborales y poner fin a los populares subsidios al combustible, parte de cruciales cambios que se requieren junto con el combate a los delitos relacionados con las drogas que han socavado la imagen pacífica del país.

El informe emitido el viernes por Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, culpó al gobierno de no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre —especialmente entre las minorías—, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Dijo que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.

“Mi mensaje al gobierno es que necesitamos tratar la inseguridad como un problema de pobreza y de falta de oportunidades económicas”, le dijo De Schutter a The Associated Press antes de la publicación del informe. “La respuesta no puede ser sólo de tipo policial”.

El informe de De Schutter hace énfasis en que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza. Le dijo a la AP que muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de COVID-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas.

El informe fue dado a conocer casi un mes después de que Ecuador se vio sacudido por el asesinato a plena luz del día del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El homicidio del 9 de agosto dejó ver el frágil estado de la seguridad del país. Villavicencio fue asesinado a tiros a pesar de que contaba con un equipo de seguridad con policías y guardaespaldas.

asesinato de dos políticos

Al menos otros dos políticos han sido asesinados desde el homicidio de Villavicencio, y la semana pasada cuatro coches bomba y otros dispositivos explosivos estallaron en varias ciudades, incluida la capital Quito.

Las autoridades ecuatorianas atribuyen el incremento de la violencia en el país durante los últimos tres años a un vacío de poder desatado por el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, líder de la banda local Los Choneros. Sus miembros llevan a cabo homicidios por encargo, manejan operaciones de extorsión, trasiegan y venden drogas, y gobiernan prisiones.

De Schutter se reunió con el presidente Guillermo Lasso, con representantes de su gobierno, con miembros de la comunidad afroecuatoriana y con grupos indígenas, entre otros.

El informe critica lo que dice es la poca aplicación de las leyes laborales, y hace notar que el país sólo tiene 140 inspectores, de acuerdo con cifras gubernamentales. De Schutter dijo que ese número es insuficiente, y que los inspectores “cuentan con muy pocos recursos” para proteger a la gente de tener que trabajar bajo formas de esclavitud moderna.

El informe señaló que algunas familias afroecuatorianas, en las que hay niños de apenas 12 años, llevan a cabo “trabajo remunerado significativamente por debajo del salario mínimo en una forma de servidumbre por deudas”.

De Schutter dijo que Lasso y Henry Valencia, viceministro del Trabajo, se comprometieron a enviar inspectores laborales a tres plantaciones de gran tamaño “para básicamente rescatar a unas 170 familias en total” de trabajos en condiciones de servidumbre.

La presidencia de Lasso concluirá en diciembre. El informe exhorta a su sucesor a implementar una reforma fiscal gradual que reasigne los gastos destinados a los subsidios al combustible —que el año pasado sumaron 4.500 millones de dólares— a programas sociales que cubran las necesidades de los pueblos indígenas y de los afroecuatorianos.

Esa cantidad equivale aproximadamente al presupuesto del Ministerio de Educación y a cuatro veces las erogaciones asignadas a la asistencia social.

Cualquier cambio así enfrenta una lucha cuesta arriba.

En 2019, un paquete de austeridad que recortó los subsidios a los combustibles desató protestas, saqueos, vandalismo, choques con las fuerzas de seguridad, bloqueos de carreteras y la suspensión de operaciones en partes de su crucial industria petrolera. Los disturbios encabezados por comunidades indígenas obligaron al entonces presidente Lenín Moreno a retirar la medida.

Una eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, “combinada con un incremento significativo en los niveles de asistencia social e inversiones en salud y educación en las comunidades más pobres, sería benéfica tanto para esas comunidades como para el país en general”, señala el informe.