El Gobierno de Lula estudiará la posibilidad de exigir una indemnización a Bolsonaro

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, dijo este viernes que la decisión del Tribunal Electoral de condenar al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a ocho años de inhabilitación política por abuso de poder permite al Gobierno evaluar la posibilidad de exigirle una indemnización por los daños que provocó.

"La decisión del tribunal prueba que fueron perpetrados ataques abusivos al sistema de justicia y al orden jurídico. Por ese motivo, enviaré una petición a la Abogacía General del Gobierno para que analice la posibilidad de exigirle una indemnización", aseguró Dino, un importante aliado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El ministro explicó que, una vez que el tribunal dio por probado que Bolsonaro atacó indebidamente la credibilidad de la Justicia electoral, el Gobierno puede exigirle que pague una "indemnización por los daños que le causó al Poder Judicial y a la propia sociedad".

El exjefe de Estado fue despojado de sus derechos políticos al ser declarado culpable de "abusos de poder" durante la campaña para las elecciones en las que fue derrotado por Lula.

El juicio tuvo como eje una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, en la que descalificó la transparencia del sistema electoral y la propia democracia.

Para el tribunal, el entonces mandatario incurrió en los delitos de "abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo", así como en "uso indebido de predios públicos y medios de comunicación", pues Bolsonaro ordenó que la televisión pública transmitiera el evento.

En la misma línea que Dino, el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que la condena contra Bolsonaro es el "primer paso" y que "aún hay mucho que tiene que ser investigado y sancionado".

"Fue el primer paso en la dirección de responsabilizar a Bolsonaro por la serie de crímenes que cometió y por la organización criminal que lidera", afirmó Padilha, correligionario de Lula en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), igualmente en un mensaje publicado en las redes sociales.

El ministro afirmó que, pese a que aún hay muchos crímenes del líder ultraderechista que tienen que ser investigados y sancionados, el Gobierno de Lula continuará con su misión de unir y reconstruir Brasil, tras las elecciones más polarizadas en la historia del país.

Afirmó que el interés del Gobierno no es tanto que Bolsonaro quede inelegible hasta 2030, sino que el país supere los daños provocados por los ataques del líder ultraderechista a los poderes y a la democracia.

"No se trata de festejar que Bolsonaro no pueda disputar las elecciones (presidenciales) de 2026, que es algo muy distante de nuestras preocupaciones. Se trata de dejar claro el papel del expresidente en los ataques a la democracia y en no aceptar el resultado de las urnas", afirmó.

Los aliados de Lula alegan que los ataques de Bolsonaro a la democracia y su negativa a reconocer públicamente su derrota en las elecciones contribuyeron al intento de golpe de Estado del 8 de enero pasado, cuando miles de seguidores del expresidente asaltaron las sedes de los tres poderes.