Pensiones en Francia: a espera de veredicto sobre referéndum de iniciativa compartida

El Consejo Constitucional anuncia este 3 de mayo al final de la tarde su decisión sobre la segunda propuesta de referéndum de iniciativa compartida relativa a la reforma de las pensiones. Si se valida, la campaña en torno al RIP mantendría el tema de las pensiones en el punto de mira. Eso es lo que espera el Nupes, depositario de esta propuesta, ligeramente diferente a la rechazada el mes pasado por los "Sabios".

La unión de izquierdas y ecologistas soñaba con convertirlo en su hit del verano de 2023. Una gran campaña de comunicación en torno al referéndum de iniciativa compartida sobre la reforma de las pensiones con mítines conjuntos, recorridos por la playa y por qué no globos, gafas de sol y camisetas estampadas QEPD.

Pero en los últimos días, la esperanza de ver al Consejo Constitucional validar la propuesta se ha ido más bien a la baja. “Me siento mal por eso”, admite un líder Insubordinado.

La lucha sigue

Un segundo RIP fue iniciado el 13 de abril por unos 250 diputados y senadores de izquierda e independientes. Al día siguiente, el Consejo Constitucional, bajo el liderazgo de Laurent Fabius, había validado la mayor parte de la reforma de las pensiones , incluido el aplazamiento de la edad legal a los 64 años, y rechazó una primera solicitud de RIP.

Si esta nueva versión ofrece esta vez una reforma de la financiación de las pensiones, condición obligatoria que no había sido cumplida por la primera propuesta, las diferencias entre ambos textos siguen siendo mínimas.

"Aunque sea rechazado, no lo soltaremos", promete el Nupes, quien explica que todavía tienen "algunas herramientas en stock para continuar la lucha". En las cartas, una probable moción de censura contra el gobierno y especialmente el proyecto de ley del grupo Libertés, Indépendants, Outremers et Territoires (LIOT). Un texto que propone elevar la edad legal de jubilación a los 62 años y lanzar una gran convención social sobre el tema. Pero también hay muy pocas posibilidades de éxito.

El QEPD, quesaco?

El Comité Consultivo para la revisión de la Constitución había propuesto, en 1993, el establecimiento de un referéndum de iniciativa minoritaria que también se basaba en una combinación de la iniciativa de parlamentarios y ciudadanos. En 2007, la Comisión de reflexión sobre las instituciones recomendó la creación de un referéndum de iniciativa popular cuya fase parlamentaria consistiera en un simple examen. El referéndum de iniciativa compartida tal como fue finalmente adoptado retoma elementos de estos dos informes al tiempo que se aleja de las características del referéndum de iniciativa popular.

Por lo tanto, el referéndum de iniciativa compartida se agregó tardíamente a los procedimientos de referéndum previstos por la Constitución. Solo entró en vigor el 1 de enero de 2015 y está previsto por la revisión constitucional de 2008. Su originalidad radica en que los parlamentarios pueden convocar un referéndum, con el apoyo de algunos votantes, sin pasar por una mayoría de votos en el Parlamento. . Hasta 2015, sólo el Presidente de la República, a propuesta del gobierno o de las asambleas, podía convocar a referéndum.

Sin embargo, sus métodos de implementación son muy complejos. El proyecto de ley sometido a referéndum sólo puede referirse a las materias enumeradas en el artículo 11: organización de los poderes públicos; reformas relativas a la política económica, social o ambiental de la nación ya los servicios públicos que contribuyen a ella.

También debe ser presentado por al menos una quinta parte de los parlamentarios, es decir, 185 de 925 (577 diputados y 348 senadores). Cuando haya sido validado por el Consejo Constitucional, el proyecto de ley debe obtener el apoyo de al menos una décima parte de los votantes, o alrededor de 4,8 millones de personas. También es necesario que la propuesta de referéndum no sea examinada ni por la Asamblea Nacional ni por el Senado durante los siguientes seis meses, para que el presidente la someta al pueblo.

Hasta la fecha, ninguna propuesta parlamentaria ha logrado validar todas las condiciones necesarias y dar lugar a la organización de un PIR. En junio de 2020, el Consejo Constitucional elaboró una evaluación crítica del PIR , juzgando el procedimiento como “disuasorio y difícil de leer” .