españa
Entra en vigor la nueva Ley de vivienda
La Ley por el Derecho a la Vivienda se ha convertido en uno de los ejes de precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y en arma arrojadiza entre Gobierno y oposición.
Un conjunto residencial en Madrid el 18 de abril de 2023.
El Congreso español dio luz verde este jueves a la Ley por el Derecho a la Vivienda, la primera norma en esa materia de la democracia en España, que, entre otros, permitirá poner topes a los precios de alquiler, un asunto que ha entrado de lleno en la precampaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
La Ley, calificada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como "un hito para la mayoría social y en especial para los jóvenes" y muy criticada por la oposición conservadora, fue aprobada por 176 síes, 167 noes y una abstención, de un total de 350 diputados que tiene el Congreso.
El texto, pactado por el Ejecutivo español de coalición de izquierdas (Partido Socialista y Podemos), con sus socios independentistas catalanes (ERC) y vascos (Bildu) tuvo el voto en contra de la oposición conservadora (PP), la ultraderecha (Vox), y varios partidos nacionalistas y regionalistas.
La Ley incluye nuevos conceptos que hasta ahora no habían formado parte de ninguna normativa, como la limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas, es decir aquellas en las que los precios están disparados, y prevé recargos de entre el 50 y el 150 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años.
contratos de arrendamiento
La nueva norma posibilita además una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, impide los desahucios sin anunciar fecha y hora, e incluye nuevas prórrogas que permite aplazarlos.
También prohíbe el pago de las rentas en metálico y la venta de vivienda pública a fondos de inversión; fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del arrendador y obliga a reservar un 40 % del suelo urbanizable y del 20 % del suelo urbano no consolidado para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.
La Ley por el Derecho a la Vivienda se ha convertido en uno de los ejes de precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y en arma arrojadiza entre Gobierno y oposición.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado en las últimas semanas 183,000 nuevas viviendas para el parque público