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México mantiene a jefe migratorio acusado por la fiscalía

El jefe de la Migración mexicana se encuentra en la mira de los fiscales que anunciaron que lo procesarán por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención. Sin embargo, el presidente mexicano dijo el miércoles que mantendrá en su cargo, a quien encargó que liderara el endurecimiento de la política migratoria bajo presión de Estados Unidos.

“No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él... Vamos a esperar y vamos a tomar las decisiones en su momento”, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

El presidente mexicano alabó el trabajo de Garduño y admitió que es un cercano colaborador desde hace décadas. Pero garantizó que no habrá impunidad para nadie que haya cometido un delito.

”Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación”, que anuncie los cargos y que los jueces se pronuncien, agregó.

La Fiscalía General de la Républica es una entidad autónoma del gobierno en México, pero sorprendió que, tras el anuncio del martes por la noche contra Francisco Garduño por haber incumplido sus obligaciones de vigilar y proteger a los migrantes y las instalaciones de Migración, el presidente optara por respaldarlo en lugar de pedir su renuncia o su separación del cargo para facilitar la investigación.

Garduño, abogado experto en Criminología y extitular del sistema penitenciario, no ha ofrecido ninguna declaración ni explicaciones desde que el pasado 27 de marzo tuvo lugar el incendio en las instalaciones migratorias de la fronteriza Ciudad Juárez donde, además de las 40 muertes, hubo una treintena de heridos.

El presidente indicó que no había recibido la renuncia del funcionario y, según una autoridad del INM, el miércoles por la mañana tampoco había sido llamado a declarar. La persona pidió el anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones.

Para el sociólogo Tonatiuh Guillén, primer titular de Migración del gobierno de López Obrador, la iniciativa de los fiscales es “una buena señal” para que se haga justicia en el caso, pero la postura del presidente es “paradójica” y genera una “tensión innecesaria” porque podría entorpecer las pesquisas.

Francisco Garduño llegó al INM tras la renuncia de Guillén en junio de 2019 y fue el encargado de implementar el plan de contención migratoria pactado con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles con la que amenazó el expresidente Donald Trump.

El eje central de dicho plan fue el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional en el sur de México, un cuerpo recién creado en ese momento con militares, marinos y expolicías federales.

El movimiento fue considerado el inicio de la militarización de la política migratoria mexicana que aumentó con la llegada de militares activos o retirados a puestos de mando del INM. El responsable actuual de la agencia en Chihuahua, estado donde se encuentra el centro incendiado, es un contralmirante retirado que ya fue llamado a declarar.

El suceso en las instalaciones migratorias de la fronteriza Ciudad Juárez fue el incidente más letal de este tipo ocurrido en México y tuvo lugar en medio de un creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos, de los anuncios de cambios en ciertas políticas estadounidenses y de las demandas de organizaciones civiles para que los migrantes tengan un trato más humano y respetuoso.

Los cuerpos de 31 fallecidos, en su mayoría centroamericanos, ya han sido repatriados a sus países de origen, cuyos gobiernos pidieron a México llevar ante la justicia a todos los responsables. El Salvador incluso consideró el suceso como un “crimen de Estado”.

Cinco personas -tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego en un acto de protesta- ya están procesados por presunto homicidio y lesiones mientras se investigan supuestas negligencias, falta de protocolos de seguridad de las instalaciones y toda la cadena de responsabilidades.

El suceso causó aún más conmoción porque se divulgaron imágenes de vídeo de una cámara de seguridad que mostraron a guardias saliendo de las instalaciones cuando el fuego en una celda ya había comenzado y sin que ninguno hiciera un intento por liberar a las decenas de migrantes que estaban encerrados.

Hasta el momento no está claro quién tenía las llaves de la celda o si había más de un juego, pero el presidente mexicano afirmó esta semana que la intoxicación que provocó las muertes ocurrió porque “quien tenía la llave, no estaba”.

Durante años ha habido quejas sobre las malas condiciones y violaciones a los derechos humanos en los centros de detención de migrantes en México, entre ellas ventilación deficiente, agua y alimentos inadecuados y retretes insalubres.

La fiscalía federal recordó el martes que dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años “vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones” del INM que “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado”.

Además, son numerosas las denuncias de corrupción en todo el sistema de migración sobre sobornos a guardias y funcionarios para permitir la salida de migrantes detenidos aunque muy pocos casos han llegado hasta la Fiscalía.

El caso del incendio en Juárez también podría poner a López Obrador en una posición difícil respecto a su promesa de no tolerar ningún tipo de corrupción.

Los fiscales dijeron que están investigando un contrato de adjudicación directa que el INM otorgó a una empresa de seguridad privada que incurrió en numerosas irregularidades generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. Los fiscales no especificaron si Garduño participó en la aprobación de ese contrato.