HRW insta a Bangladesh a no engañar ni coaccionar a refugiados rohingyas para intentar que vuelvan a Birmania
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado al Gobierno de Bangladesh a dejar de engañar y coaccionar a refugiados rohingyas para que se reuniesen, sin su conocimiento, con delegaciones birmanas como parte de un "programa piloto" para devolverlos a su país, donde sus libertades y sus vidas corren peligro.
Más de 730.000 miembros de esta minoría han huido de Birmania desde 2017, cuando la junta militar que gobierna el país comenzó a cometer "atrocidades en masa" como lo son el genocidio y otros crímenes contra la humanidad.
"Los retornos seguros, voluntarios y dignos de refugiados rohingya a Birmania no son posibles mientras la junta militar esté realizando masacres por todo el país y practicando un apartheid en el estado de Rajine", ha declarado el director para el Sur de Asia de Human Rights Wacth en un comunicado.
La ONG ha asegurado que el programa de repatriación, que cuenta con unas 700 personas inscritas de las 1.000 previstas, es solo un intento de "fingir avances" en su tratamiento a esta minoría de cara a su presentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
"Solo quieren que volvamos a Rajine porque están bajo presión. Sabemos que no nos dejarán volver a nuestros hogares y que nos encerrarán en un campamento para siempre. Solo volveremos cuando se comprometan públicamente a garantizarnos los mismos derechos que al resto de ciudadanos en Birmania y a devolvernos nuestras tierras y propiedades", ha declarado un refugiado entrevistado por HRW.
Aunque Bangladesh ha respetado el derecho de los refugiados a no ser devueltos a un país donde su vida o su libertad estén amenazadas, también ha intensificado las restricciones sobre sus medios de subsistencia, movimiento y educación.
Los rohingya son una minoría musulmana que vive en su mayoría en el estado de Rajine, en Birmania, un país de mayoría budista. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles por ello de derechos básicos.