Corte ordena arresto de seis por incendio que mató a migrantes

Un tribunal de México emitió el jueves órdenes de arresto para seis personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención a principios de esta semana en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, de acuerdo con la fiscal federal que dirige la investigación.

Sara Irene Herrerías dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que cinco de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones.

Por lo menos 39 migrantes murieron después de que aparentemente iniciaron un incendio dentro de una celda de detención el lunes por la noche. Casi una treintena de otros inmigrantes sufrieron lesiones. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.

Un video del interior de la instalación mostró que al iniciarse el fuego, los guardias salieron de la sala sin aparentemente hacer ningún intento por sacar a los migrantes de la celda, aunque no hay aún datos que aclaren si tenían o no llaves de las celdas.

Según una denuncia presentada el miércoles por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos, el jefe de la agencia migratoria del estado en donde ocurrió el incendio fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos.

El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, donde está Ciudad Juárez fronteriza con El Paso, Texas. El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.

El abogado Jorge Vázquez Campbell pesentó la denuncia a la que tuvo acceso The Associated Press y en la que consta que el funcionario aludido presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.

De acuerdo con Campbell, sus clientes le indicaron que un migrante pidió un cigarro y un encendedor y, justo después, “empezaron a hacer su protesta”.

Agregó que eran cinco personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día. “Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón”.

Fue en ese momento cuando, según el abogado, los agentes migratorios avisaron a González Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto les dejaran salir”.

El presidente Andrés Manuel López obrador insistió el jueves en que no habrá impunidad. “Hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad”.

Ocho trabajadores identificados el miércoles como probables responsables ya habían rendido declaración pero que el jefe del INM en Chihuahua todavía no había hecho, según informó entonces la fiscal del caso en conferencia de prensa con la titular de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.

Además de intentar averiguar por qué nadie auxilió a los migrantes, las autoridades investigan si el centro de detención cumplía los protocolos de protección civil en caso de emergencia y otros datos básicos como quién tenía las llaves de la celda y las condiciones en las que estaban detenidos los extranjeros. Algunos de los que ya rindieron declaración mencionaron también que no tenían acceso a agua potable.

No es la primera vez que el abogado Vázquez Campbell presenta denuncias contra las autoridades migratorias de Chihuahua. El año pasado interpuso tres por malos tratos a migrantes y abuso de autoridad que también señalaban al delegado de migración en el estado.

La oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en febrero una recomendación a la agencia migratoria por la detención ilegal en las instalaciones de Ciudad Juárez de tres ciudadanos turcos que estaban legalmente en el país. Los migrantes también denunciaron que funcionarios les pidieron dinero para devolverles sus documentos.

Este tipo de quejas, así como las denuncias de corrupción contra agentes migratorios, son recurrentes en México pero suelen quedar en la impunidad. De las más 5.000 investigaciones internas abiertas por el INM desde 2019 sólo cinco habían terminado en la fiscalía a mediados de 2022, según información obtenida gracias a las leyes de transparencia.

La forma en la que quedaron atrapados los más de 60 migrantes ha enfurecido tanto a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que han multiplicado las críticas por la actual política migratoria mexicana, su creciente militarización y la falta de rendición de cuentas cuando se denuncian abusos.

A mediados de 2019, ante las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump, el gobierno cambió la cúpula de la agencia migratoria y en varios estados militares en retiro quedaron como jefes.

Mientras tanto las familias de las víctimas quemadas en Juárez, la mayoría de las cuales todavía esperan que una autoridad les diga si sus seres queridos están vivos o muertos y la indignación ha crecido entre muchos migrantes varados en la frontera con Estados Unidos a la espera de una cita para pedir asilo en ese país.