Gobierno Ortega cierra otras 25 ONG e ilegaliza a 3,273
Detalle. Los sandinistas argumentaron que la ilegalización de esas ONG es parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas estaban operando.
Opositores excarcelados y desterrados de Nicaragua denunciaron ayer viernes que el gobierno de Daniel Ortega les ha suspendido el pago de sus jubilaciones, medida que también fue aplicada a los exiliados. AP
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló ayer viernes las personalidades jurídicas de otras 25 ONG, incluida cinco que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Alianza Ruso-Nicaragüense que estaba inactiva desde 2017.
La ilegalización de esas 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.
Con el cierre de esas 25 ONG suman 3,273 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
En general, el Ministerio de Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 20 ONG “por estar en abandono y tener entre 2 a 15 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las Leyes que los regulan”.
Entre las afectadas se encuentran la Fundación Niños Abandonados de Nicaragua, que operaba desde 2001, y que, de acuerdo con la cartera de Gobernación, no reportaron sus estados financieros del periodo 2020-2021, y tenía su junta directiva vencida desde hace un año.
También la Fundación S.O.S Guardianes de la Infancia (FUGDI), que operaba desde 1995 y que “no reportaron estados financieros del periodo 2019 a 2021” y tenía su junta directiva vencida desde diciembre pasado.
Crisis sociopolítica
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018. Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social.