La salud pública de Inglaterra vive la mayor huelga de su historia
En un Reino Unido donde la inflación supera el 10% desde hace meses, la crispación social no deja de crecer en todos los sectores.
De enfermeras a conductores de ambulancias, el personal de la salud pública inglesa realiza este lunes la mayor huelga de su historia, en un nuevo capítulo de las protestas que sacuden el Reino Unido ante la disparada del coste de la vida.
"Estamos disponibles las 24 horas 7 días por semana, nos partimos la espalda haciendo el trabajo de tres personas", afirma Victoria Busk, joven enfermera en una planta de traumatología del Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, en el centro de Inglaterra, entre los manifestantes que denuncian sobrecarga laboral por la falta de personal.
"Me encanta mi trabajo, marcar la diferencia con los pacientes. Pero no me imagino haciendo esto hasta que tenga 60 años", agrega.
Según una encuesta reciente de YouGov, un tercio de enfermeras y comadronas del sector público inglés preferirían otra profesión.
El sindicato Royal College of Nursing (RCN) afirma que varios aumentos por debajo de la inflación desde 2010 hicieron caer 20% los sueldos de la enfermeras en términos reales, hasta el punto que algunas están saltándose comidas para alimentar a sus hijos y uno de cada cuatro hospitales en Inglaterra abrió bancos de alimentos para su personal.
Esta "mala remuneración" contribuye a que haya 47.000 puestos de enfermería vacantes, denuncia.
Todos los sectores
En un Reino Unido donde la inflación supera el 10% desde hace meses, la crispación social no deja de crecer en todos los sectores.
Profesores -de la escuela primaria a la universidad-, trabajadores de ferrocarriles y funcionarios de múltiples ministerios protagonizaron el 1 de febrero la mayor huelga del país en más de 11 años.
Aunque cada sector tiene sus reivindicaciones específicas, todos se unen en el reclamo de aumentos salariales.
Como "último recurso" y lamentando el trastorno para las decenas de miles de pacientes que vieron sus operaciones y citas médicas canceladas, el RCN convocó en diciembre el primero paro nacional, de dos días, en sus 106 años de historia.
Con pancartas que decían "llegó la hora de pagar al personal de enfermería de forma justa", se organizaron protestas a las puertas de los principales hospitales públicos.
Pero la negociación con el gobierno conservador de Rishi Sunak fue infructuosa: su único resultado fueron dos días de huelga más en enero y otros dos, este lunes y martes, en febrero en Inglaterra y Gales.
El paro del lunes coincide con una acción en Inglaterra del personal de ambulancias -conductores, paramédicos y telefonistas incluidos-, lo que da como resultado la mayor huelga en la sanidad pública de Inglaterra desde la creación en 1948 del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico.
En un momento de auge de afecciones estacionales como la gripe, esto agrega presión a unos hospitales aún desbordados por los retrasos en tratamientos acumulados durante la pandemia y aquejados desde hace años por una financiación insuficiente.
Limitar el derecho de huelga
Según la autoridades sanitarias, la huelga de enfermeras de diciembre provocó la cancelación de 30.000 operaciones y citas y la de enero llevó a posponer 4.500 operaciones y 25.000 citas más.
Pese al caos provocado en el país por los incesantes paros, 59% de británicos apoya la huelga de enfermeras, 43% respalda a los profesores y 36% a los ferroviarios, según un sondeo de Public First publicado por el miércoles por Politico.
Pero el ejecutivo conservador de Sunak afirma que las demandas salariales no se pueden financiar con unas arcas públicas exiguas tras la pandemia y serían contraproductivas en su esfuerzo por controlar la disparada inflacionista.
"El gobernador del Banco de Inglaterra advirtió que si intentamos combatir la inflación con subidas salariales elevadas, la situación no hará más que empeorar y la gente no estará mejor", afirmó el ministro de Sanidad, Steve Barclay, en un comunicado.
En su lugar, el gobierno busca limitar el derecho de huelga con un proyecto de ley que impone servicios mínimos en sectores claves como la sanidad, los transportes y la educación.
Pero a medida que la aprobación del texto avanza en el parlamento, crece también la tensión con unos sindicatos que no parecen dispuestos a claudicar.