Gobierno discutirá su nueva ley contra agresiones sexuales

El gobierno de izquierda de España anunció ayerlunes que pretende modificar su ley sobre la violencia sexual contra las mujeres, para cerrar resquicios legales que han permitido rebajas de pena o excarcelaciones de algunos agresores.

Desde su entrada en vigor en octubre, unos 20 condenados han sido excarcelados y otros 300 han recibido rebajas en sus penas, según medios españoles, por lo que el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez pretende realizar ajustes en el texto.

“En los próximos días presentaremos esta proposición de ley (...), que por supuesto va a ser un texto serio, un texto riguroso y que dé respuesta y solución a esos efectos indeseados que se han producido, y que evidentemente no queremos que se repitan”, afirmó la ministra de Educación, Pilar Alegría, que es también la portavoz del Partido Socialista.

“Lógicamente, (...) la fórmula para retocar puntualmente esos efectos indeseados que se han producido se va a sustanciar en un aumento de las penas de los agresores sexuales”, agregó ante los periodistas.

La polémica estalló en noviembre, seis semanas después de que entrara en vigencia la conocida como ley del “solo sí es sí”, para considerar toda actividad sexual sin consentimiento explícito como una agresión, en respuesta al sonado caso de la violación grupal de “La Manada” a una joven en 2016.

El nuevo texto endureció el arsenal jurídico contra las violaciones eliminando los “abusos”, más leves, e integrando todos los delitos sexuales en la categoría de “agresiones”.

Reducción de penas

Pero la normativa redujo las penas mínimas y máximas para algunos casos, lo que llevó a muchos condenados a pedir una revisión de la sentencia, toda vez que en España se pueden aplicar retroactivamente las nuevas leyes si benefician al reo. En los últimos días, los rumores sobre el deseo del gobierno de hacer las modificaciones dispararon la tensión con el socio minoritario en la coalición en el poder, la extrema izquierda de Podemos, que abanderó la ley.

Al mismo tiempo, la principal formación de oposición, el Partido Popular (PP, derecha), inflamó la polémica al ofrecer a los socialistas apoyo parlamentario para modificar la ley sin tener que contar con sus socios.

Pero Irene Montero, ministra de Igualdad y miembro de Podemos, rechazó cualquier posibilidad de retroceder y prometió hacer “todo lo necesario” para garantizar que el consentimiento sigue estando en el núcleo de la normativa. En la misma línea se expresó la líder de su partido, Ione Belarra, en la mañana de ayer.

“El consentimiento tiene que seguir en el centro del código penal. No podemos volver al calvario probatorio de demostrar que nos resistimos lo suficiente o que no habíamos bebido”, escribió en Twitter Belarra, quien es ministra de Derechos Sociales.

Los ministros socialistas insistieron, sin embargo, en que los cambios tratarán de subsanar los efectos indeseados, pero que no afectarán a la cuestión del consentimiento.