Brutalidad sin precedentes del gobierno de Boluarte
Las protestas empezaron el 7 de diciembre, tras la juramentación de la Presidenta, quien asumió luego que el Parlamento destituyera a Castillo.
La policía carga contra manifestantes de oposición al gobierno en Lima, Perú, el martes 24 de enero de 2023. AP
De ellos, 46 son civiles muertos como resultado “del uso de la fuerza” empleado por policías y militares. Otros 9 civiles perecieron en el contexto de los bloqueos. Además un policía fue hallado muerto en un patrullero incendiado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó la semana pasada a las autoridades peruanas a realizar una investigación imparcial y oportuna del uso de armas por la fuerza pública en el contexto de las protestas, dados los resultados de autopsias practicadas a manifestantes fallecidos con heridas de bala en cuerpo y tórax.
La víspera, Alberto Otárola, el primer ministro de Boluarte y antes su ministro de Defensa, anunció que planeaban otorgar una cantidad de dinero adicional al sueldo de los policías por “el inmenso sacrificio y profesionalismo” que han mostrado en el breve gobierno.
En contraste, el informe cuestiona que el gobierno, lejos de tomar medidas para poner fin a la violencia y separar a los autores materiales de las muertes de manifestantes, los altos funcionarios avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden. Eso, recoge el documento, “evidencia que nos encontramos ante lineamientos de una política de Estado”.
Un reportero de The Associated Press preguntó el martes a la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa con corresponsales internacionales en el palacio presidencial si ella ordenó “de forma expresa no usar armas letales”. La mandataria no respondió a la pregunta.
Boluarte ratificó en esa conferencia el actuar apegado a la ley de las fuerzas del orden durante las protestas y pidió a los manifestantes “una tregua” para hablar de las necesidades sociales. Horas después, las protestas masivas continuaron y la policía las reprimió usando gases lacrimógenos.
El informe de la ONG afirma también que los uniformados usaron munición prohibida para el control de multitudes, incluyendo “perdigones de metal, canicas de vidrio y balas”. Se añade que los policías usaron fusiles AKM, mientras que los soldados dispararon fusiles marca Galil, a partir de videos difundidos de los hechos registrados en varias ciudades de los Andes, donde han ocurrido casi la totalidad de las muertes.
La tarde de ayer jueves cientos de manifestantes retomaron las protestas por la más importante avenida que conecta la zona norte capitalina con el centro histórico de Lima.