La UE condena la violencia y el uso "desproporcionado" de la fuerza en Perú
Desde que comenzaron el pasado diciembre, han causado la muerte de 60 personas
Manifestantes participan en una marcha por la paz en Lima, Perú, el sábado 21 de enero de 2023. Los disturbios se han apoderado de gran parte del país desde que el expresidente Pedro Castillo fue acusado y encarcelado después de que intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. AP
La Unión Europea (UE) condenó este sábado los "actos de violencia" y el uso "desproporcionado" de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Perú durante la ola de protestas que comenzaron en diciembre y han causado ya 60 muertos.
"Las protestas sociales pacíficas que respeten el Estado de derecho son legítimas en una sociedad democrática. La UE reitera su condena de los numerosos actos de violencia y también del uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad", expresó en un comunicado un portavoz del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
El bloque comunitario, continúa el comunicado, insta al Gobierno y a todos los actores políticos de Perú a dar "pasos urgentes" para "recuperar la calma y garantizar un diálogo inclusivo con la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas" como "camino de salida de la crisis".
"La UE está totalmente comprometida para apoyar los esfuerzos peruanos al respecto", añade el comunicado en el que el club europeo lamenta "el gran número de víctimas" desde el inicio de las protestas y advierte de que "las crisis social y política solo podrá ser resuelta en pleno respeto con el orden constitucional, el Estado de derecho y los derechos humanos.
En esta línea, la UE celebra la reciente visita a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y muestra su confianza en que las instituciones nacionales "investiguen y lleven ante la Justicia a los responsables de abusos o violaciones de los derechos humanos".
Las protestas piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales para este año y a una asamblea constituyente.
Desde que comenzaron el pasado diciembre, han causado la muerte de 60 personas.