Seguridad Nacional EE.UU. protegerá a migrantes que denuncien violaciones laborales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el viernes un proceso mediante el cual los trabajadores migrantes que sean testigos o víctimas de violaciones a los derechos laborales en su lugar de trabajo pueden solicitar protección para no ser deportados, una medida celebrada por los defensores de los derechos laborales que afirman que protegerá a los trabajadores migrantes que denuncien condiciones de trabajo abusivas.

El anuncio del viernes establece directrices en el sitio web de la agencia para que los solicitantes de protección conozcan qué documentación necesitan para presentar la solicitud y cómo proceder.

“Los trabajadores a veces tienen miedo de denunciar violaciones a la ley por parte de empleadores explotadores, o de cooperar en investigaciones de normas laborales y de empleo, porque temen ser expulsados u otras represalias relacionadas con la inmigración por parte de un empleador abusivo”, señaló la dependencia en un boletín de prensa. “Las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes laborales y de empleo dependen de la cooperación de estos trabajadores para sus investigaciones”.

La agencia dijo que en el pasado ha podido utilizar la “autoridad discrecional” para considerar caso por caso las solicitudes para proteger de la deportación a los trabajadores que colaboran en investigaciones de carácter laboral.

Pero la nueva normativa crea un proceso “simplificado y acelerado” y un lugar centralizado donde pueden presentarse las solicitudes.

El nuevo proceso permite a los trabajadores migrantes solicitar la “acción diferida”; es decir, la protección para no ser deportados, si participan en una investigación de violaciones de los derechos laborales en el lugar de trabajo.

Como parte de la solicitud tendrían que presentar evidencias de una agencia de empleo o laboral que describan en qué consiste la investigación y por qué necesitan el apoyo del DHS. También tendrían que demostrar que trabajan en la empresa, así como presentar documentos que acrediten su identidad.

Las solicitudes serían revisadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, una división del Departamento de Seguridad Nacional que gestiona las peticiones relacionadas con la inmigración y la ciudadanía.

Si reciben la aprobación, los trabajadores migrantes que cooperen con una investigación laboral pueden permanecer en el país durante dos años. También pueden solicitar autorización para trabajar de manera legal en el país durante ese tiempo.

Los sindicatos y los grupos defensores de los inmigrantes aplaudieron la noticia por considerarla una forma de proteger a los trabajadores inmigrantes de los empleadores que podrían utilizar su estatus migratorio para tomar represalias contra ellos por denunciar cosas como infracciones salariales o laborales.

“Como abogados de inmigración, hemos visto a muchos de nuestros clientes sufrir abusos en el lugar de trabajo que temían denunciar por miedo a las represalias de empleadores sin escrúpulos”, dijo Ann García, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración.

En un memorando de octubre de 2021, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la agencia consideraría las solicitudes de protección de acción diferida para los inmigrantes que ayuden en investigaciones laborales, pero no estableció una política detallada sobre cómo se haría. Desde entonces, señaló García, algunos abogados han presentado solicitudes en nombre de sus clientes, pero se consideraban caso por caso.

“Era un proceso de conjeturas”, dijo.

García, quien capacita a otros abogados sobre algunos aspectos de la legislación migratoria, indicó que ahora el proceso formal le permitirá ayudar más fácilmente a otros abogados a realizar trámites para sus clientes.

Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Departamentales, también celebró el anuncio.

“Los trabajadores inmigrantes son fundamentales para el éxito de nuestra economía; sin embargo, están entre los que sufren más explotación y abusos en el trabajo, y luego sufren aún más la intimidación y las represalias cuando defienden sus derechos”, dijo Appelbaum.La presidenta de Perú negó que vaya a renunciar al cargo, como reclaman varios grupos que protestan en su contra en movilizaciones que dejan casi medio centenar de fallecidos. Dina Boluarte asumió el poder en diciembre tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, por intentar disolver el Congreso para evitar su remoción.

“No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”, aseguró Boluarte en mensaje televisado el viernes en la noche.

Se refirió a quienes piden su dimisión como “algunas voces que salen de los violentistas y radicales” y que están “azuzando a la población al caos, el desorden y los destrozos”.

Además, pidió disculpas por los decesos ocurridos en las movilizaciones.

“No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos”, expresó la mandataria.

“Si en algo nos hemos equivocado en el propósito de encontrar la paz y la calma, pido disculpas al pueblo peruano. Sabremos superar y mejora”, insistió al final del mensaje.

En su discurso, cuestionó las tomas de aeropuertos y carreteras, los ataques a ambulancias, los saqueos a centros de comerciales y el sabotaje a comercios como parte de las protestas.

Boluarte instó al Congreso a acelerar la aprobación del adelanto de las elecciones, una de las demandas de las movilizaciones. El Parlamento tiene pendiente una segunda votación para fijarlos en 2024, lo que implicaría una reducción de dos años en los mandatos del poder ejecutivo y legislativo. Varios grupos reclaman que se celebren este año.

“Esta presidenta no quiere ni pretende quedarse en el poder”, afirmó agregando que pidió a la cámara que adelante la fecha de la votación para que “la población sepa una fecha cierta de que ya tenemos la elección adelantada”.

Por otra parte, rebatió el pedido de cerrar el Congreso, otro de los reclamos de los inconformes, alegando que hacerlo sin cumplir la Constitución “sería caminar al margen de la ley”.

Además, cuestionó la demanda de celebrar una Asamblea Constituyente poniendo como ejemplo a la vecina Chile “donde el proceso constituyente ha durado varios años y ante el rechazo de la ciudadanía han abierto un nuevo proceso. Eso no se puede realizar de la noche a la mañana”.

En respuesta al pedido de liberar a Castillo, Boluarte recordó que el caso estaba en manos de la justicia.

El viernes se registraron movilizaciones, paros y bloqueos de vías en 44 provincias, la mayoría en regiones del sur del país, según explicó la Defensoría del Pueblo en un reporte vespertino. Además, identificó 83 puntos de bloqueo en vías nacionales y una incursión violenta y la quema de una bomba de agua de la empresa Antapaccay, en Cusco.

Hasta la tarde del viernes, las protestas contra Boluarte dejaban 49 muertos, incluyendo 41 civiles caídos en enfrentamientos, un policía calcinado tras un ataque y siete civiles que perecieron en accidentes de tránsito y otros siniestros vinculados al bloqueo de vías, según la Defensoría.

Las protestas han tomado un nuevo impulso tras reanudarse la semana pasada luego de una tregua parcial por las fiestas de Año Nuevo. Entre los manifestantes hay quienes reclaman también la liberación de Castillo, que permanece en prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por presunta rebelión.

Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde 2021, fue destituido por el Congreso tras intentar disolver la institución en un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La mandataria ocupaba la vicepresidencia y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.

Castillo fue detenido cuando circulaba con su comitiva por una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.