Perú: fuertes protestas mientras deciden prisión de Castillo
Cientos de manifestantes recorren las calles aledañas al Congreso, en Lima, custodiadas por un fuerte contingente policial, mientras en audiencia virtual un juez lee su resolución sobre el pedido de la Fiscalía de extender la prisión preventiva del expresidente destituido Pedro Castillo a 18 meses.
En paralelo a las protestas sociales en todo el país, el Parlamento de Perú debate un proyecto de adelanto de elecciones generales como medida para calmar la violencia de la última semana, sobrevenida tras la destitución de Castillo de su cargo y su posterior detención con cargos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
El gobierno de Dina Boluarte, que reemplazó a Castillo, decretó el jueves 30 días de emergencia nacional que suspenden derechos y libertades públicas en un intento de contener los enfrentamientos de los manifestantes, que suman ocho muertos, cientos de heridos y que han afectado al comercio y al turismo, al bloquear pasos de carreteras y por el cierre de aeropuertos y servicio de tren.
Quedaron suspendidos los derechos fundamentales de los ciudadanos y se movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.
La decisión sobre si el destituido presidente peruano Pedro Castillo se aplazó del miércoles al jueves y del jueves por la mañana a la tarde. El juez debe decidir si extiende la prisión provisional, que caducó el miércoles tras siete días, o si deja libre al exmandatario. La Fiscalía y la defensa de Castillo expusieron sus argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley sobre si hay motivos para que el mandatario se mantenga en prisión preventiva.
Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita ante el juez fue asumida por un abogado de oficio. El abogado acreditado del exgobernante, Ronald Atencio, explicó a The Associated Press que no participa en la audiencia porque considera que “no existen mínimas garantías” y que el procedimiento contra Castillo se sigue tras una destitución que incumple las leyes.
El abogado de oficio que asumió la defensa de Castillo, Ítalo Díaz, adujo que no hubo rebelión porque Castillo no se alzó en armas y que tampoco hay peligro de que el procesado obstaculice la investigación de Fiscalía porque ya no es presidente. Sobre el asilo, matizó que la mención del canciller de México no implica que Castillo lo haya pedido.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel y que hay peligro de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo. Agregó que, entre los daños generados al Estado, deben incluirse los efectos que tuvo el mensaje del exmandatario para disolver al Congreso, así como las protestas violentas sobrevenidas tras su destitución. Se refirió a estos como “las preocupantes consecuencias del intento de golpe”.
Cinco de los fallecidos en las protestas de la última semana son de la ciudad andina de Andahuaylas donde las protestas tienen por objetivo exigir nuevas elecciones. Esa población amaneció el jueves con policías armados de fusiles resguardando la sede policial.
Pese al estado de emergencia, no se observaba presencia de soldados del Ejército en las calles, pero en la víspera patrullaron camionetas blancas con soldados armados por algunas calles de Andahuaylas. Los caminos de salida de la ciudad están bloqueados y el terminal terrestre de buses y taxis, vacío por temor a las protestas de más tarde.
Comerciantes regentes de tiendas de abarrotes limpiaban las calles llenas de piedras y de cenizas de neumáticos quemados, pero tenían previsto cerrar sus tiendas temprano por la mañana ante las fuertes protestas impulsadas por campesinos de las aldeas rurales cercanas.
Castillo fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de dar un mensaje televisivo, como presidente de la República, en que anunció la disolución del Congreso y la intervención de varias entidades del Estado. En esa misma jornada fue destituido por el Congreso de su cargo y quedó detenido. Al día siguiente, un juez dispuso que siga cautivo 7 días como medida de detención preliminar, que se cumplió el miércoles de esta semana.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay destacó que el día de su detención Castillo había pedido detener a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien lo investiga por presuntos delitos de corrupción. Aclaró que esta petición de Castillo -que fue pronunciada cuando se movilizaba en comitiva por Lima después de ordenar la disolución del Congreso- no se extendía a otras autoridades, según ha declarado como testigo el exministro del Interior, Willy Huerta.
Castillo fue detenido después cuando, según la Fiscalía, iba a la embajada de México a asilarse.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo y que dispuso que se le permita el ingreso a la embajada en Lima.
La reacción de Perú ante el respaldo manifestado por Argentina, México, Colombia y Bolivia a Castillo, a quien siguen reconociendo como presidente peruano, ha sido el jueves llamar a consultas a sus embajadores en estos países.
“La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la Nación, y dirige la política exterior”, arranca el pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi. La postura de las cuatro naciones vecinas es una “intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, afirmó la funcionaria del gobierno de Dina Boluarte.
El pedido de prisión preventiva de 18 meses también es para el ex primer ministro del Perú Aníbal Torres, que era asesor del gobierno de Castillo y cuya localización es desconocida. Sin embargo, reapareció en conexión virtual en la audiencia y se limitó a expresar conformidad con su defensa.