El funeral de dos manifestantes peruanos deriva en disturbios
Ciudadanos de la localidad peruana de Andahuaylas y la Policía se enfrentaron este lunes durante el entierro y traslado de los féretros de dos jóvenes fallecidos este domingo en las manifestaciones contra la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, en las que también piden el adelanto de elecciones.
Videos difundidos en redes sociales muestran que el entorno de los fallecidos exigió justicia y el cierre del Congreso mientras portaban los ataúdes de los dos jóvenes.
Durante este traslado, se produjeron enfrentamientos con la Policía, que lanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes que encabezaban la numerosa comitiva.
Este domingo se replicaron manifestaciones en todo el país que pedían el adelanto de elecciones y la renuncia de Boluarte, que el pasado miércoles asumió el cargo tras la destitución por el Congreso de su antecesor Pedro Castillo, quien había dictado la disolución del Congreso.
El primer fallecido registrado en los disturbios fue un adolescente de 15 años e identificado por las iniciales D.A.Q., mientras que el segundo fue identificado como Beckham Romario Quispe Garfias, de 18 años, detalló la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en Twitter, donde pidió que cese la "represión".
Las protestas y manifestaciones continúan este lunes y afectan a puntos del sur del país como Arequipa, donde protestantes invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad más grande del país y poco después hubo un intento de asalto a una planta láctea de la empresa Gloria.
También se están llevando a cabo diversos cortes de carreteras que afectan tanto al sur como al norte de Perú.
En total, la policía peruana cuenta que más de 6.000 manifestantes contra el Gobierno de Boluarte son los causantes de los cortes de carreteras que afectan a miles de conductores.
Medios locales también reportaron que se ha suspendido la venta de billetes de autobús en diversos puntos del país por precaución frente a los paros en carreteras, lo que ha dejado a pasajeros incomunicados.
Castillo permanece detenido y acusado por rebelión tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.