Policía de Honduras pide una extensión del estado de excepción para garantizar la lucha contra la criminalidad

Policía Nacional de Honduras. EUROPA PRESS

Policía Nacional de Honduras. EUROPA PRESS

El director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, ha solicitado una ampliación del estado de excepción que rige en el país hasta el 6 de enero, para así poder garantizar la lucha contra la criminalidad y la extorsión protagonizada por las pandillas.

La medida, en vigor desde la semana pasada, abarca algunos de los barrios y colonias de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula en donde las pandillas han estado intensificando sus actividades criminales, como robos y el cobro de extorsiones.

"De acuerdo a nuestra planificación y análisis, ya lo tenemos contemplado y posiblemente solicitemos al poder Ejecutivo la ampliación del tiempo y las ciudades", ha manifestado Sánchez, según recoge el diario hondureño 'La Tribuna'.

El máximo responsable de la Policía Nacional considera que la medida debe englobar a aquellas ciudades con mayor índice de violencia y criminalidad, y no solo algunos de los barrios. Desde su puesta en marcha, las autoridades han apresado a más de un centenar de personas y han desmantelado al menos una veintena de grupos delictivos.

Finalmente, Sánchez ha incidido en que, aunque en un principio la medida se veía "con mucho temor", la realidad es que a día de hoy hay "mucha esperanza y satisfacción" porque el ciudadano de a pie "no está siendo afectado en absoluto" por el estado de excepción.

De los casi 300 municipios que conforman el país, solo dos --los de Tegucigalpa y San Pedro Sula-- se encuentran bajo esta medida. En la capital, son 89 los barrios que están siendo intervenidos, mientras que en la segunda ciudad son 73.

La norma recuerda a una similar anunciada por uno de sus también convulsos vecinos, El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, decretó un estado de excepción que se prolonga ya desde hace más de siete meses, entre críticas y denuncias de organizaciones internacionales por presuntas violaciones de los Derechos Humanos.

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