Irán supera las 500 ejecuciones y convierte 2022 en el más letal de los últimos cinco años
Las personas sostienen pancartas con retratos del disidente iraní Hossein Ronaghi (R) y el rapero iraní Toomaj Salehi (Top-C), quienes son arrestados en Irán, mientras participan en una manifestación en apoyo de las mujeres iraníes en Estambul, el 26 de noviembre de 2022 Ronaghi es uno de las docenas de destacados activistas de derechos, periodistas y abogados arrestados en la represión de las protestas que estallaron después de la muerte de Mahsa Amini, luego de su arresto por parte de la policía moral, según grupos de derechos con sede fuera de Irán. Yasin AKGUL / AFP
Las autoridades iraníes han ejecutado en lo que va de año a más de 500 personas, según el recuento elaborado por la ONG Iran Human Rights (IHR), con lo que 2022 supera a los cinco años anteriores en ejecuciones de la pena capital.
El grupo denuncia además que más de la mitad de los ejecutados el mes pasado eran de la minoría baluche. En todo el año los baluches suponen el 30 por ciento de las ejecuciones pese a que suopnen entre el 2 y el 6 de la población de Irán.
HRI ha denunciado esta práctica "cruel e inhumana" y ha criticado "la ejecución de presos políticos por delitgos relacionados con la seguridad supone una violación del Derecho Internacional Humanitario.
El grupo ha mencionado en particular a Hosein Ordujanzado, Shahin Imani Moah, Milad Ashrahan Atbatan y Manuchehr Bejandi, condenados por colaborar con el Mossad israelí, según un comunicado recogido por su agencia oficial de noticias, Mizan.
Estos "alborotadores", como los describe la Judicatura iraní, fueron detenidos en junio por la Guardia Revolucionaria de la República Islámica y fueron condenados a muerte poco después, por cooperar con el Mossad y por secuestro.
De acuerdo con el comunicado, los cuatro condenados también provocaron "daños a la propiedad pública y privada" y efectuaron "operaciones de compraventa de armas" a las órdenes de un agente israelí a cambio de criptomoneda.
Otros tres imputados en este caso fueron condenados a entre 5 y 10 años de prisión por delitos como cometer un delito contra la seguridad del país, colaborar en secuestros y portar armas de fuego.