Autoridad electoral de Brasil rechaza pedido de anular votos
Bolsonaro estuvo afirmando que el sistema de votación electrónica en Brasil se prestaba para el fraude
El jefe de la autoridad electoral de Brasil rechazó el miércoles la solicitud del presidente Jair Bolsonaro y de su partido político de que anule los sufragios emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica, lo que habría cambiado el resultado de los comicios del 30 de octubre.
Alexandre de Moraes había emitido un fallo previo que planteaba implícitamente que el Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro, podría salir perdiendo con la impugnación. De Moraes había condicionado el análisis de la petición a que los inconformes presentaran un nuevo informe que incluyera los resultados de la primera vuelta electoral, realizada el 2 de octubre, en la que el Partido Liberal ganó más escaños en ambas cámaras legislativas que cualquier otro partido, y les dio un plazo de 24 horas.
Horas antes el miércoles, el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa, y el abogado Marcelo de Bessa, dijeron en conferencia de prensa que no presentarían ningún nuevo informe.
“La absoluta mala fe de la extraña e ilícita petición del demandante… quedó demostrada, tanto por la negativa a enmendar la petición inicial como por la total ausencia de evidencia alguna de irregularidades y la existencia de una narrativa totalmente fraudulenta de los hechos”, escribió De Moraes en su decisión horas después.
También ordenó la suspensión de los fondos federales para la coalición del Partido Liberal hasta que se pague una multa de 23 millones de reales (4,3 millones de dólares) por emprender un litigio de mala fe.
El martes, De Bessa presentó una solicitud de 33 páginas a nombre de Bolsonaro y de Costa en la que se mencionaba un error de software en la mayoría de las máquinas en Brasil —carecen de números de identificación individuales en sus registros internos— para argüir que todos los votos que compilaron debían ser anulados. De Bessa dijo que eso daría a Bolsonaro el 51% de los votos válidos restantes.
Ni Costa ni De Bessa han explicado cómo el problema pudo haber afectado los resultados electorales. Expertos independientes consultados por The Associated Press dijeron que aunque el problema fue descubierto en fecha reciente, no afecta la fiabilidad, y que cada máquina de votación sigue siendo fácilmente identificable por otros medios. En su fallo del miércoles, De Moraes señaló lo mismo.
También escribió que la impugnación de la votación parecía dirigida a alentar movimientos antidemocráticos de protesta y crear desórdenes, y ordenó que se investigue a Costa y al consultor contratado para que efectuara la evaluación.
“El mensaje de De Moraes a la clase política es: el juego terminó. Cuestionar el resultado de las elecciones no es juego limpio, y las personas y las instituciones que lo hagan serán castigadas con severidad”, señaló Maurício Santoro, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
En la conferencia de prensa del miércoles, Costa dijo que su intención es simplemente evitar que los resultados de la votación de 2022 persigan a Brasil en el futuro.
La autoridad electoral ratificó el 30 de octubre la victoria del archirrival de Bolsonaro, el exmandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, e incluso muchos de los aliados del mandatario reconocieron los resultados de inmediato. Los manifestantes pro Bolsonaro en diversas ciudades del país se han rehusado de manera constante a aceptarlos, en particular porque Bolsonaro se ha negado a reconocer su derrota.
Durante más de un año, Bolsonaro estuvo afirmando que el sistema de votación electrónica en Brasil se prestaba para el fraude, aunque jamás presentó pruebas.
Brasil empezó a utilizar el sistema de votación electrónica en 1996, y expertos de seguridad electoral lo consideran menos seguro que las papeletas de papel marcadas a mano, porque no existe un registro auditable del voto. Pero expertos nacionales e internacionales han supervisado de cerca el sistema y jamás han encontrado pruebas de que se haya utilizado para un fraude electoral.