Una ley que libera sin querer a delincuentes sexuales acorrala al gobierno español
Se presentó como un avance en la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres, pero los primeros pasos en España de una nueva ley del gobierno de izquierdas se tradujo inesperadamente en excarcelaciones, rebajas de penas y en una polémica colosal.
Desde que el martes se conocieron los primeros casos, ha habido ya casi una quincena de condenados que vieron sus penas reducidas, de los cuales 4 salieron excarcelados, según la prensa española.
Entre ellos, un hombre que agredió sexualmente su hijastra menor de edad, cuya pena se redujo de 8 a 6 años de cárcel, o un profesor que mantuvo relaciones sexuales con alumnos adolescentes a cambio de drogas, y al que una rebaja de seis años le permitió salir en libertad. Simultáneamente, se rechazaron otras muchas demandas.
La "Ley de garantía integral de la libertad sexual", que entró en vigor en octubre, se presentó como un logro del sector más feminista del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en concreto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido Podemos.
Esta nueva ley endurecía el arsenal jurídico contra las violaciones eliminando los "abusos", más leves, e integrando todos los delitos sexuales en la categoría de "agresiones". A cambio, y para que hubiera proporcionalidad, se modificaron las horquillas de penas.
Así, aunque las penas en delitos como las violaciones en grupo se endurecían, todo condenado por una agresión sexual a la pena mínima de ocho años, la ha visto rebajada a seis.
Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía justificó una rebaja de condena porque, con la nueva ley, la pena imponible es "la misma en el límite máximo pero dos años y medio inferior en el mínimo".
Jueces "machistas" y "fachas"
Para la ministra Irene Montero, "el problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley" por "machismo", dijo a la prensa, abogando por mejorar su "formación", mientras el diputado de su partido Javier Sánchez Serna llamaba a los jueces "fachas con toga".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en representación de los jueces, expresó su "más firme repulsa" a estos "intolerables ataques", y recordó que en febrero ya advirtieron, cuando la ley se estaba tramitando, de que comportaría "la revisión" de condenas.
La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia acusó al ministerio de Igualdad de no haber "alcanzado a prever esa consecuencia" indeseada, lo que "no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como 'justicia machista'".
En España se pueden aplicar retroactivamente las nuevas leyes si ello beneficia al reo, de ahí el aluvión de demandas de revisión de penas.
Reformar ahora la ley no suprimiría las revisiones ya hechas, precisamente porque las leyes que endurecen penas no se aplican retroactivamente.
Beneficios potenciales para "La Manada"
La mayor amenaza que se cierne sobre la reputación de la nueva ley sería que acabara sirviendo para reducir las penas del caso que la inspiró, el de "la Manada", los cinco hombres que violaron a una chica de 18 años en las fiestas de San Fermín, en Pamplona, y que fueron inicialmente condenados por abusos sexuales, provocando manifestaciones de repulsa en todo el país, si bien el Tribunal Supremo acabó condenándolos por violación.
El abogado de "La Manada" ya anunció que solicitará la reducción de pena para uno de los cinco hombres.
A un año de las elecciones generales, Pedro Sánchez salió el miércoles en defensa de la ley, recordando que su finalidad era "dar más garantías a las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual", pero el ala socialista de su gobierno invitó a la reflexión y criticó la respuesta de su socio, Podemos.
"A mí, las descalificaciones a los jueces con carácter general ni las comparto ni me gustan, lo que hay que hacer es estudiar las resoluciones", dijo a la cadena Telecinco la ministra de Defensa, Margarita Robles, ella misma juez.
La primera formación de la oposición, el Partido Popular, acusó a "Sánchez, Irene Montero y el resto del Gobierno" de ser "responsables de poner en peligro a las víctimas y a la sociedad, que asuman sus responsabilidades", afirmaron.