Argentina limitará el ingreso de nuevos beneficiarios a planes sociales
El presidente argentino, Alberto Fernández, firmó este jueves un decreto que impedirá sumar más beneficiarios a los programas de asistencia estatal que actualmente brinda el país suramericano y además se profundizará en transformar los planes sociales vigentes en empleo formal, según indicaron fuentes oficiales.
El decreto firmado por Fernández, que entrará en vigencia en las próximas horas en el Boletín Oficial argentino, establecerá que no se otorgarán “nuevas altas” a los programas de asistencia social denominados “Potenciar Trabajo”, “Potenciar Inclusión Joven”, “Nexo” y “Plus Esencial”.
“En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral”, indicó un comunicado de la Presidencia.
Esta decisión se alinea con las metas que Argentina se comprometió a cumplir frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) en un acuerdo sellado en marzo pasado y fue tomada tras una reunión del presidente con su jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Trabajo, Kelly Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
El Gobierno argentino espera recortar el déficit primario del sector público nacional al 1,9 % del producto interior bruto (PIB), desde un déficit del 2,5 % proyectado para 2022 y alineado con las metas ante el FMI.
“El reconocimiento de la economía popular empieza a tener una definición clara: hay un techo a la incorporación de más personas al Potenciar Trabajo”, dijo la ministra de Desarrollo Social.
Números oficiales reflejan que actualmente 1.300.000 de personas acceden al subsidio “Potenciar Trabajo” y, según Tolosa Paz, el decreto se llegó con base a “un acuerdo con los movimientos sociales”.
En este sentido, se otorgará a favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30 % de las obras públicas con montos de hasta 300 millones de pesos (1,8 millones de dólares).
Además, se instruirá a las oficinas de contrataciones para que los oferentes acrediten un mínimo del 5 % de trabajadores vinculados al programa “Puente al Empleo”, que busca transformar la asistencia social en trabajo registrado.
Sin embargo, el decreto podría generar malestar en los movimientos sociales de izquierda que podrían volver a realizar manifestaciones y acampes en Buenos Aires, ya que reclaman una “universalización” de la asistencia estatal por parte del Gobierno e incrementar el número de beneficiarios.
En contexto con un país que sufre una tasa inflacionaria interanual del 83 % y donde los precios al consumidor subieron en septiembre pasado un 6,2 % y acumuló un alza de 66,1 % en los primeros nueve meses del año.