Región boliviana irá a protestas para exigir censo de población
La próspera región de Santa Cruz, controlada por la oposición, iniciará el sábado protestas potencialmente violentas contra el gobierno izquierdista de Luis Arce para exigirle que adelante un año un censo de población fijado para 2024.
El gobierno "tiene hasta mañana [viernes] para resolver el tema: censo hasta 2023, sí o sí, es la consigna", afirmó este jueves el dirigente del comité cívico de Santa Cruz (este), Fernando Larach.
Hace más de dos semanas un masivo cabildo resolvió la medida de presión. El comité cívico, un conglomerado civil y empresarial, urge que el gobierno apruebe un decreto para un censo el próximo año, usado como base en Bolivia para la distribución de escaños en el Congreso y de recursos económicos públicos, por población.
Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, accede a recursos económicos y se le asignan diputados en el Congreso en base a un censo de hace más de 10 años, pero alega que el dato es desactualizado y que le corresponden más.
El gobierno ha señalado que no hay condiciones técnicas para un censo en 2023, pero sí para 2024.
La huelga de Santa Cruz se traducirá principalmente en bloqueo de calles, avenidas y caminos interdepartamentales, con la posibilidad de choques callejeros entre civiles opositores que apoyan la medida y oficialistas que anunciaron su rechazo.
El vicepresidente de la influyente Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, pidió diálogo "para encontrar una solución pacífica" y que ojalá "se puedan evitar estas medidas que hacen sufrir a la familia boliviana".
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, señaló que "no estamos generando ningún tipo de confrontación y que el trabajo de la policía será "precautelar la propiedad pública y privada".
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció por separado que utilizará maquinara pesada de transporte para "limpiar las calles" y "garantizar la libre transitabilidad" de las personas.
La administración del presidente Luis Arce, en el poder desde hace dos años, mantiene discrepancias políticas con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los impulsores de la renuncia de Evo Morales a la presidencia a fines de 2019.