La guerra de los impuestos domina a España a un año de las elecciones
Latente desde hace unos meses, el debate sobre la fiscalidad se disparó en los últimos días tras la decisión del presidente conservador de Andalucía
Foto de archivo. Fuente: Listín Diario.
El gobierno central de izquierdas y las regiones gobernadas por la derecha en España se hallan inmersos en una batalla por bajar impuestos que le han valido a éstas acusaciones de crear paraísos fiscales, a un año de las elecciones legislativas.
Latente desde hace unos meses, el debate sobre la fiscalidad se disparó en los últimos días tras la decisión del presidente conservador de Andalucía (sur), Juanma Moreno, de suprimir el impuesto regional a las fortunas y reducir el impuesto sobre la renta en su región, con el fin de atraer a contribuyentes del resto del país.
"Éramos un infierno fiscal y ahora somos la segunda comunidad con menos impuestos de España", se congratuló esta figura del Partido Popular, que en 2018 arrebató a la izquierda el gobierno en la región más poblada del país (8.5 millones de los 47 del país).
Moreno cifró en "360 millones de euros" (346 de dólares) lo que dejará de ingresar el erario con estos recortes.
En la estela andaluza, varias regiones gobernadas por el PP, principal formación de oposición, anunciaron sus propias rebajas fiscales, como Murcia (sureste), que redujo el impuesto sobre la renta, o Galicia, feudo del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reducirá el de la fortuna.
"Bienvenido al paraíso"
Estas decisiones en cascada fueron bien recibidas por las principales figuras del PP, como la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Andaluces: bienvenidos al paraíso", lanzó en Twitter esta defensora de rebajar impuestos, que el año pasado suprimió una quincena de tasas locales en su región.
En contraste, suscitaron críticas en las regiones gobernadas por la izquierda y en el gobierno central de Pedro Sánchez, que las interpreta como una maniobra política de cara a las elecciones regionales de mayo y las legislativas de finales de 2023, y que teme su impacto en la financiación de los servicios públicos.
Se trata de una "dinámica irresponsable, incoherente y destructiva para el conjunto del país", lamentó la ministra de Economía, Nadia Calviño, pidiendo "que se pare o se revierta esta carrera a la baja" de la fiscalidad.
Es "peligroso" tener "paraísos fiscales", ahondó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Denunciando los "regalos fiscales a la minoría" de los más ricos, Pedro Sánchez abogó por la "responsabilidad fiscal" y prometió "reformas" que "garanticen que quien más tiene más contribuya" para "tener un estado de bienestar mucho más fuerte".
Armonización
Por su parte, el gobierno central anunció el jueves la instauración de un impuesto temporal a los contribuyentes más ricos, destinado a financiar las medidas para contrarrestar la inflación. Además, se pronunció a favor de una "armonización fiscal" entre regiones.
Un tema delicado en España, donde la Constitución exige, cierto, solidaridad entre las comunidades autónomas, pero que, al mismo tiempo, les garantiza una gran autonomía fiscal y financiera, además de importantes competencias en sanidad o educación.
"Si algunas regiones bajan sus impuestos, es porque legalmente lo pueden hacer", recordó a la AFP Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, añadiendo que "no todas tienen las mismas políticas, porque no todas tiene los mismos problemas".
Sin embargo, ante el riesgo de "dumping fiscal", Raventós considera que parecería "deseable" alguna forma de armonización fiscal.
Pero el PP ya ha trazado líneas rojas: si el gobierno comete una "injerencia", se encontrará con "una contundente respuesta judicial", prometió el presidente andaluz, advirtiendo contra cualquier "centralización".
Un riesgo descartado por el gobierno de Sánchez, que se comprometió a no atacar las competencias de las regiones, pero que prevé incluir medidas contra desequilibrios entre las diferentes fiscalidades, en una reforma para convertir la recaudación española en más justa y progresiva.
Este texto, esperado por Bruselas a cambio de los fondos para la recuperación económica de la pandemia de covid, se espera que esté listo a principios de 2023.