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ONGs reportan más de 3,100 violaciones a derechos humanos

Crisis. El estado de excepción fue aprobado el 27 de marzo por el Congreso a pedido del presidente Bukele.

Hombres arrestados por la policía por tener presuntos vínculos con pandillas esperan esposados para ser trasladados a una prisión en la Delegación de Policía. ap

Seis organizaciones sociales documentaron más de 3,100 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las pandillas, a las que el gobierno responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

Según estas organizaciones, además de las vulneraciones del derecho a la defensa y el debido proceso, se suman otras violaciones como el derecho a la identidad, la dignidad y la privacidad. El informe elaborado por Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el Servicio Social Pasionista, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, AMATE y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló haber documentado 3.186 casos desde el 27 de marzo al 31 de julio.

De acuerdo con las denuncias, más del 86% de los detenidos son hombres de entre los 18 y 30 años, pero también se han identificado 12 mujeres trans y tres hombres trans. En una conferencia de prensa los representantes de las organizaciones denunciaron además que en abril las autoridades de seguridad divulgaron las fotografías de dos mujeres trans detenidas, con el torso desnudo y sin usar el nombre con el que se identifican.

El estado de excepción fue aprobado el 27 de marzo por el Congreso a pedido del presidente Nayib Bukele luego de una ola de crímenes que sacudió al país.

Este régimen limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos. Las medidas impulsadas por El Salvador para combatir las pandillas han sido ampliamente defendidas por el gobierno, pero activistas y miembros de la comunidad internacional las han cuestionado por considerar que abren la puerta a violaciones de los derechos humanos. Las organizaciones llamaron al Estado salvadoreño a que vele por los derechos de las personas detenidas, respete y resguarde las identidades de género de las personas trans; cumpla con el debido proceso e investigue los casos con enfermedades crónicas y muertes en centros penitenciarios o durante la detención.

El Fiscal General Rodolfo Delgado reveló que investigan 17 muertes de reos en el interior de centros penales.

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Crimen.

Las pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades. Entre el 1 de enero y el 30 de agosto, la policía registró 514 homicidios, un 34% menos que los 781 contabilizados en idéntico período del año 2021.