El mundo criminal de los “coyotes” guatemaltecos
David Coronado Perez, acusado de pertenecer a una banda de traficantes, es escoltado por la policía tras una audiencia judicial en la Ciudad de Guatemala el 4 de febrero del 2022. Su abogado dice que es un campesino, no un traficante.
Cuando fiscales allanaron en enero la casa de David Coronado Pérez, en la comunidad guatemalteca de Comitancillo, cerca de la frontera con México, las autoridades encontraron cerca de 400,000 quetzales en monedas (unos 51,000 dólares), casi un centenar de máquinas tragamonedas y varios vehículos último modelo, algunos comprados en efectivo.
Detenido junto con nueve personas, Coronado es señalado de liderar una estructura de traficantes de personas, o “coyotes”. En la operación de detención, las autoridades también incautaron más de millón y medio de quetzales (cerca de 200.000 dólares) en efectivo, producto todo del supuesto pago de migrantes a la organización para que los llevaran ilegalmente hacia Estados Unidos.
Los migrantes guatemaltecos pueden pagar hasta 15,000 dólares por persona para llegar a territorio estadounidense, según investigaciones de las autoridades locales que ahora buscan rastrear lo que hacen los traficantes con el dinero que reciben para entender mejor las estructuras criminales que se estima reciben cientos de miles de dólares al año.
Las autoridades ubicaron a Coronado, quien sigue preso y niega ser traficante, después de que su estructura supuestamente ayudó a traficar a 15 guatemaltecos en enero de 2021. Los migrantes, sin embargo, sólo llegaron hasta el estado mexicano norteño de Tamaulipas, en la frontera con Texas, donde fueron asesinados junto con otras cuatro personas, al parecer por policías mexicanos. Uno de los fallecidos fue identificado como el hijo de Coronado, quien supuestamente era el guía de los migrantes.
El responsable de la investigación en Guatemala que ubicó la participación de Coronado y quien ha comenzado a dar luz sobre las finanzas de los “coyotes” guatemaltecos es Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía para delitos contra migrantes.
En noviembre pasado, la oficina de Campo y la policía desarticularon otra estructura de trafico de personas a Estados Unidos, en Nahualá, en el occidente de Guatemala y una de las zonas indígenas más pobres del país. Al grupo se le decomisaron unos dos millones de quetzales (más de 250,000 dólares) en efectivo.
El grupo ya era investigado y en algún momento las autoridades también conocieron de la detención en Estados Unidos.
El migrante fue detenido por la Patrulla Fronteriza estadounidense y, en paralelo, los traficantes intentaron extorsionar a la familia: les dijeron que había muerto y exigieron más para recuperar su cuerpo. Más tarde, el hombre fue deportado.
Y los traficantes siempre ven cómo aprovechar lo que reciben. “No sólo se compraban vehículos de último modelo, también un bus donde traficaban a las personas”, dijo, el fiscal Campo sobre lo que hacían los ”coyotes” del grupo de Nahualá con el dinero obtenido.
“Cuando compran vehículos nuevos lo hacen en efectivo”, añadió. Por ley, un vendedor de autos está obligado a reportar la transacción al banco, quien a su vez debe notificar a las autoridades.