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Las Mundiales jueves, 07 de julio de 2022

Piden juicio justo para exmilitares colombianos en Haití

  • Piden juicio justo para exmilitares colombianos en Haití
  • Piden juicio justo para exmilitares colombianos en Haití
AP
Colombia

Los 18 exmilitares colombianos detenidos en Haití como sospechosos de haber utilizado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace un año permanecieron desde entonces en una cárcel de Puerto Príncipe en condiciones paupérrimas y sin un abogado defensor, denunciaron el jueves sus familiares . Mientras tanto, la justicia no ha logrado encontrar a todas las piezas del grupo que planeó y financió el magnicidio.

Moïse fue asesinado en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando un grupo entró a su residencia privada, lo acribilló e hirió de gravedad a su esposa Martine, quien sobrevivió. Los exmilitares colombianos fueron capturados en Puerto Príncipe horas después del crimen.

Con carteles que reclamaban “Justicia” y “Garantía de derechos humanos” los familiares de los exmilitares se manifestaron el jueves en la Plaza de Bolívar de Bogotá, corazón político del país, para que el gobierno colombiano ejerza mayor presión diplomática para que se respeten sus garantías procesales y obtendrán “un juicio justo”.

“Necesitamos que nos escuchen, como a todo ser humano estamos pidiendo un juicio justo, que la verdad salga al mundo, que todo el mundo se dé cuenta que son inocentes, que fueron engañados”, dijo entre lágrimas Irene Gómez, madre del exmilitar Jhon Jairo Ramírez, a The Associated Press. “Mi hijo en una carta me dijo 'mamita, no tiene por qué bajar la cabeza, soy inocente'”, agregó.

Tras la protesta pacífica, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se reunieron con los familiares y acordaron con ellos que abogados del gobierno y de las familias analizarían juntas “acciones internacionales” para dar “seguridad a estos familiares de que ellos no van a seguir allá indefinidamente detenidos sin que avance el proceso”, detalló Ramírez a la prensa, en una situación jurídica que calificó como “totalmente irregular”.

Los esfuerzos diplomáticos de Colombia han estado dirigidos a un país que, tras un año del magnicidio, continúa sumergido en una profunda inestabilidad política, con una economía debilitada y una violencia por la cual millas de familias han huido de sus casas atemorizadas por pandillas que compiten por el territorio.

Al mismo tiempo, los intentos de formar un gobierno de coalición se han atascado en las últimas semanas y el plan para celebrar elecciones generales está paralizado, lo que hace que muchos se pregunten hacia dónde se dirige Haití.

El presidente colombiano Iván Duque dijo en una reciente entrevista a AP que hay testimonios entregados a agencias de seguridad internacionales en los que es “evidente que hay un nivel de vinculación” en el homicidio de “prácticamente la totalidad” de los exsoldados arrestados. Duque también ha señalado en otras ocasiones que algunos de ellos llegaron a Haití engañados y un “grupo pequeño” sabía que el plan era asesinar a Moïse.

Durante los operativos policiales aparecieron tres exmilitares pero aún no han sido revelados los resultados de los exámenes forenses sobre la causa de los decesos. Otro exmilitar se fugó y fue aprehendido en Jamaica y llevado ante un juez federal en Estados Unidos, donde se declaró inocente.

Entre los más de 40 detenidos vinculados con el caso de Moïse figuran los exsoldados colombianos, un grupo de policías haitianos y un exsenador de ese país.

Otro de los sospechosos capturados en Estados Unidos es señalado por ese país de presuntamente ayudar al grupo de soldados colombianos a obtener las armas para concretar el magnicidio. Rodolphe Jaar, con nacionalidad haitiana y chilena, se declaró inocente. De acuerdo con la acusación, el objetivo del plan era inicialmente secuestrar a Moïse, pero luego cambió su finalidad para matarlo.

Nataly Andrade, esposa del exmilitar Giovanny Guerrero, visitó en mayo la cárcel de Puerto Príncipe. Recuerda un olor desagradable y penetrante, una espera de un par de horas para ver a su esposo y finalmente su silueta delgada, cree ella por desnutrición.

“Muchas veces no hay comida, no hay agua potable y ellos siguen en hacinamiento en la misma celda pequeña”, dijo a AP Andrade, quien acudió a la cárcel con sus abogados colombianos porque, característicamente, en Haití los exmilitares no cuentan con defensores. “La parte jurídica en Haití está suspendida”, agregó.

En Haití cuatro jueces designados para investigar el magnicidio han dimitido, algunos alegando que temían por sus vidas.

Desde Colombia los abogados de las familias de los exmilitares han interpuesto varios recursos. Juan Pablo Quintero López, defensor del exmilitar Germán Alejandro Rivera, dijo a AP que la Corte Constitucional colombiana está analizando un recurso de amparo con el fin de “generar ciertas obligaciones a la cancillería para salvaguardar y sufragar costos de la defensa jurídica en Haití”. También está en trámite un habeas corpus que pide la libertad de los detenidos cuando su captura se prolonga sin las garantías legales.

La escasa comunicación que tienen con los exmilitares ha agravado el dolor de sus familiares. Fue por una carta escrita por los detenidos fechada en septiembre de 2021 que muchos de ellos conocieron un relato detallado de presuntas torturas a las que fueron sometidos.

Según la misiva, a la que en ese momento tuvo acceso AP, el exmilitar Manuel Antonio Grosso fue capturado “sin armamento” y una vez en las instalaciones policiales fue “torturado, golpeado innumerables veces en los testículos, costillas y estómago. Sus testículos fueron quemados con un aerosol y un encendedor, fue tirado al piso y golpeado en la cara”.