EEUU enjuicia a exmilitar argentino por la masacre de Trelew
Joe Biden / fotografia de archivo
El juicio civil del exmilitar argentino Roberto Bravo, acusado de participar en 1972 en la masacre de Trelew, la ejecución extrajudicial de 16 presos políticos en esa localidad del sur de Argentina, comenzó este lunes en Miami donde reside desde hace 40 años.
El exteniente Bravo, que tiene nacionalidad estadounidense, logró eludir durante casi 50 años a la justicia argentina, que en 2012 condenó a cadena perpetua a otros tres oficiales acusados de perpetrar la matanza.
Ahora Bravo debe responder por su presunto papel en el tiroteo tras una demanda civil interpuesta en 2020 por familiares de Rubén Bonet, Eduardo Cappello y Ana María Villareal de Santucho, quienes fallecieron en la masacre de Trelew, y de Alberto Camps, quien sobrevivió.
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973), militares encarcelaron a 19 miembros de organizaciones armadas peronistas y de izquierda en la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew, en la provincia patagónica del Chubut.
Esos presos habían intentado fugarse de la cercana prisión de Rawson.
"Un acto de maldad"
Según la acusación, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, Bravo y otros tres oficiales llegaron a las celdas de los prisioneros que dormían, armados con ametralladoras y pistolas.
Les ordenaron salir de sus celdas, los alinearon en un estrecho pasillo y luego abrieron fuego contra ellos.
Algunos de los supervivientes huyeron a sus celdas donde, de acuerdo con la acusación, Bravo y los demás oficiales los buscaron para ejecutarlos.
"Fue un acto de maldad", declaró Ajay S. Krishnan, uno de los abogados de los demandantes, durante su declaración inicial.
Dieciséis de los 19 prisioneros murieron a causa de sus heridas; los tres restantes sobrevivieron pero resultaron gravemente heridos.
Antes de la matanza, Bravo y los demás oficiales habían sometido a los prisioneros a actos de tortura como la privación del sueño, la desnudez forzada y simulacros de ejecución, según los demandantes.
Bravo niega la acusación y asegura que el tiroteo fue un acto de defensa propia, después de que uno de los presos le robara el arma a otro oficial.
"Lo que pasó fue una tragedia, pero no fue una ejecución", dijo uno de sus abogados, Steven Wayne Davis.
La defensa trató de quitar importancia al papel de Bravo en la base de Trelew, describiéndolo como un mero encargado de asuntos logísticos, y argumentó que los hechos reprochados a su cliente ya prescribieron.
Un empresario exitoso
Ante los siete jurados del caso, los abogados de la acusación aseguraron que sus clientes no habían podido demandar antes a Bravo por distintos motivos.
En los años posteriores a los hechos, quienes denunciaron lo ocurrido fueron amenazados o incluso ejecutados, explicaron.
Además, Argentina no localizó al exteniente hasta 2008, recordaron.
Bravo acudió a la audiencia de este lunes con traje, corbata y el pelo largo recogido en una coleta.
El acusado viajó en 1973 a Estados Unidos, donde trabajó en la embajada argentina en Washington como agregado militar.
En 1982, se mudó a Miami donde obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1987 y se convirtió en un rico empresario en la década de los 90.
La justicia argentina emitió una orden de arresto contra él en 2008 por su presunto papel en la masacre de Trelew.
Y un año después, solicitó a Estados Unidos que extraditara a Bravo, pero el país norteamericano rechazó esa petición en 2010.
El exteniente no fue juzgado en 2012 con los demás acusados de Trelew, porque Argentina no lleva a cabo procesos en ausencia.
Ahora, a la espera de que Estados Unidos resuelva un segundo pedido de extradición, afronta el juicio civil tras una demanda presentada bajo la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura, que permite que los tribunales del país norteamericano juzguen torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en otros países.